El TSJ rechaza el recurso de la Junta y sigue con la vía de inconstitucionalidad de la caza
Tumba el último trámite del Gobierno autonómico para salvar la ley que regula la actividad cinegética en la región / Pacma celebra que se están dando todos los pasos para conseguir su prohibición
-E. M.
El 15 de agosto es una fecha marcada en fluorescente en el calendario de los cazadores, si bien en Castilla y León todo apunta a que la media veda no podrá comenzar, ya que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de reposición que presentó el Gobierno autonómico contra la medida cautelar de suspensión del decreto de caza que determinaba qué especies, dentro de las declaradas cinegéticas, podían ser cazadas.
Un nuevo varapalo para el Ejecutivo regional que quiso blindar esta actividad, que supone un impacto económico de más de 500 millones de euros y da trabajo a 8.000 personas, con una reforma exprés que PP, PSOE y Ciudadanos sacaron adelante, con la abstención de Podemos y la negativa de Izquierda Unida.
La razón de ese rechazo, según fuentes jurídicas, es que ese desistimiento impediría el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la norma suprema.
En este sentido, el alto tribunal mandó el pasado mes de mayo una providencia en la que preguntaba a las partes, Pacma y la Junta, y al Ministerio Fiscal si procedía elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional en la medida en que «la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso».
Cuando la Sala estaba a la espera de una respuesta, la Administración autonómica buscó acortar el proceso y presentó dicho desistimiento. Un paso que no ha servido para nada porque la justicia seguirá su camino, es decir, continuará la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad, algo sobre lo que deberá pronunciarse el Constitucional próximamente.
Pacma celebró esta decisión, puesto que con ella «se están dando todos los pasos para conseguir la prohibición de la caza», afirmó Laura Duarte, portavoz del Partido Animalista, quien incidió que «con perseverancia y esfuerzo» se está logrando que al menos la justicia revise los pasos que da la Junta. «Es una victoria sin precedentes, ya que por primera vez podemos conseguir lo que llevamos años denunciando».
Aparte de esta vía, Pacma ha logrado que el Defensor del Pueblo presente un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León. En su opinión, la norma salió adelante «sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efectos los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que paralizaron de forma cautelar a finales de febrero la actividad cinegética en la región.
Cabe recordar que la decisión judicial para suspender el decreto autonómico y la orden anual de caza, ambas normas regulan las especies que se pueden capturar y los periodos de veda, argumentó en su día que la Junta no ha realizado estudios y carece de datos y objetivos que justifiquen que las especies puedan ser cazadas sin suponer un riesgo para su conservación.
No es la primera vez que el Gobierno regional se enfrenta a un problema similar. Desde 2004 Ecologistas en Acción ha denunciado en diversas ocasiones la regulación de caza, y ha logrado que los tribunales les den la razón anulando las órdenes de veda, además de varios artículos de la Ley de Caza, que fueron sustituidos por el que ahora Pacma ha puesto contra las cuerdas.
Una suspensión que no pilla por sorpresa a muchos colectivos. De hecho, Laura Duarte insistió en que el Ejecutivo autonómico siempre ha actuado demostrando «su absoluto desinterés» en la protección de los animales y el entorno natural, además «de rendirse» a las presiones de los cazadores. «Afortunadamente se están dando todos los pasos para la supresión de la caza. La Junta siempre ha actuado con total impunidad y ahora hemos conseguido frenar su actuación», apostilló.
Los cazadores se preguntan ahora cuándo podrán volver a salir al campo. La fecha del 15 de agosto está demasiado cerca para que la justicia se pronuncie. Pacma seguirá luchando para que los tribunales tumben una ley que «incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos».