Cermi denuncia ante la Fiscalía el caso de la niña expulsada de un campamento
Plena Inclusión tacha de «discriminación inadmisible» los hechos ocurridos con una menor con discapacidad en Salamanca
Inés, de 11 años, junto a su madre, Carolina, en una imagen reciente.-E. M.
Cermi denunció ayer ante la Fiscalía y la Comunidad de Madrid el caso de Inés, la menor de 11 años que fue expulsada de un campamento infantil de inglés en Aldeaduero, en Salamanca, tras las quejas recibidas por las familias de sus compañeras de habitación. Además, la plataforma de representación de las personas con discapacidad ha puesto al servicio de los progenitores de la afectada sus servicios jurídicos.
Juan Pérez, presidente de Cermi Castilla y León, condenó «enérgicamente» los hechos, porque atentan contra los derechos de las personas con discapacidad. «Lamentamos que todavía a estas alturas se produzcan este tipo de situaciones», apuntó para, más tarde, añadir que «desgraciadamente» no es un caso aislado.
En este sentido, señaló que «en ocasiones» se producen porque en estos campamentos hay «escasez de medios» y monitores «que no tienen la formación necesaria» para tratar a una persona con discapacidad. No obstante, incidió en que «se abren las carnes» al ver el sufrimiento de la pequeña y su familia. «Tenemos mucha pena y dolor».
En esta misma línea se pronunció Vanessa García, gerente de Plena Inclusión Castilla y León, quien reprobó estos hechos y cualquier acto que discrimine a las personas con discapacidad. Insistió en que Inés «no puede tener unas condiciones diferentes por el hecho de ser una persona con discapacidad». Y fue más allá: «Muchas veces el rechazo es por miedo o desconocimiento, pero siempre vamos a pelear por la igualdad de oportunidades».
Es verdad, recalcó, que la inclusión es «cada vez mayor» y este tipo de situaciones son «puntuales», si bien consideró que señalar a una menor por su discapacidad es una «discriminación inadmisible» como también lo es, valoró, que la opción que ofrezcan desde la empresa sea dormir sola o con una monitora.
Diverbo en un comunicado emitido el lunes por la tarde lamentó «profundamente» la situación que se ha producido y explicó que la madre de la niña informó de que estaba diagnosticada «de retraso motor y del lenguaje», pero, una vez iniciado el campamento, se dieron cuenta de que la pequeña necesitaba «una atención especial». «Hemos intentado ayudarla en la integración al grupo con un refuerzo en la ayuda que le podíamos ofrecer, con una monitora dedicada a ella de forma exclusiva para facilitar su integración, que además se ofreció de manera gratuita a la familia», precisó el comunicado, en el que se subrayó que los organizadores han mostrado su «mejor voluntad» para que la pequeña se quedara en el campamento.
José Villar, padre de la menor, aseguró que el comunicado «falta a la verdad» y que van a estudiar qué camino tomar en próximos días porque están «superados» con la repercusión que ha tenido el caso. El lunes su intención era denunciar a Diverbo.
Estos hechos también fueron condenados por el Tercer Sector. En una nota emitida a los medios de comunicación informó de la presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo y del Menor para que se emprendan las acciones para aclarar lo sucedido. Además, exigió que la Comunidad de Madrid analice el caso ya que, de acuerdo a la legislación en materia de protección a la infancia y las relativas a ocio y tiempo libre, «debería iniciar actuaciones ante un potencial delito de odio».
Inspección de la Junta
La Junta de Castilla y León realiza desde ayer por la tarde una inspección en las instalaciones del programa Pueblo Inglés, situado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, para «verificar el cumplimiento de los requisitos para la celebración del campamento».
Según informaron fuentes del Gobierno autonómico a Ical, la presencia de un inspector se debe a una «actuación de oficio» que no tiene encomendado «evaluar ese supuesto comportamiento con la niña» por parte de sus compañeras de campamento o de la empresa, puesto que eso sería competencia «de los tribunales, en el caso de que hubiera una denuncia», sino verificar que el campamento «cumple la ley regional para este tipo de instalaciones».
Los requisitos, no obstante, también incluyen la necesidad de contar con «un monitor especializado para el cuidado de personas con necesidades especiales», por lo que el inspector comprobará si la empresa cuenta con un monitor para «cada tres niños» con este tipo de necesidades o con al menos uno si el número de menores con discapacidad es menor de tres.