Justicia promete solo 2 de los 6 juzgados que el TSJ ve urgentes

La desatención por parte del Ministerio de Justicia de las reclamaciones, año tras año, de más órganos judiciales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se ha convertido en una costumbre, como ayer volvió a poner de manifiesto el presidente del Alto Tribunal de la Comunidad, José Luis Concepción.

El TSJCyL ha planteado la necesidad de crear seis órganos judiciales, distribuidos de la siguiente manera: Un juzgado de lo Penal en Segovia; dos juzgados de lo Social (Valladolid y León); dos juzgados de Familia (Burgos y Salamanca, y un juzgado de Instrucción en Palencia. A ello se unen tres plazas de magistrado en las audiencias provinciales de Ávila,Salamanca y León. La respuesta que ha dado el Ministerio de Justicia es que «se nos han prometido solamente dos nuevos órganos judiciales», en concreto el Juzgado de lo Penal nº2 de Segovia y el Juzgado de lo Social nº5 de Valladolid, así como una plaza de magistrado en la Audiencia de Salamanca. De las 78 plazas que se judiciales que se crearán en toda España, sólo tres serán en Castilla y León, «muy poca cosa para paliar para paliar nuestras necesidades». 

Estas peticiones se plantean después de un año 2018 en blanco en cuanto a la creación de nuevos juzgados y de que Justicia atendiera de «manera muy poco significativa» las peticiones para el año 2017. Esto hizo que ese año sólo se crearan cuatro órganos judiciales en Ávila, León, Medina del Campo (Valladolid) y Burgos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Ávila, que era «una necesidad estructural desde el año 2005» y donde «venía funcionando un juzgado bis que reforzaba a los cuatro existentes». El Juzgado de Primera Instancia nº11 de León se ha convertido en el Juzgado 2 de Familia y en Medina de Campo se ha creado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3. Llama la atención el caso ya comentado del nuevo Juzgado de Primera Instancia nº8 de Burgos, órgano judicial que «no había sido solicitado desde este tribunal y cuya realidad no era, ni mucho menos, imprescindible».

Esto se traduce en la prolongación de una política de «parcheo» en los juzgados que estaba pensada para adoptar medidas coyunturales. Concepción señalo que «tenemos el territorio absolutamente minado de refuerzos que parecen coyunturales cuando están respondiendo a necesidades estructurales».

Reunión con Justicia

Los refuerzos están desplegados por las nueva provincias. En total son 22 jueces y magistrados para «las necesidades más perentorias», que en la actualidad son los juzgados de cláusulas, «aunque estás son más coyunturales que espero que concluya», así como los de Familia, que «son los más necesitados de todo el territorio». Junto a las necesidades de órganos judiciales, el presidente del TSJCyl incidió en la necesidad de dotar a la Justicia de la Comunidad de mejores medios técnicos, donde el expediente digital ocupa un lugar preferente.

Sobre esta cuestión, Concepción se reunirá hoy con el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo Llorente, y con la Directora General deRelaciones con Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo. El expediente judicial, según Concepción, sigue «produciendo múltiples perturbaciones en el trabajo diario de los jueces y, en consecuencia, debemos insistir en que se solventen con celeridad».

En esa reunión exigirá a los representantes del Ministerio para exigir la implantación de la Oficina de Atención a las Víctimas, un proyecto que Concepción quiere que se «implante de una vez por todas» para que se cumpla con lo que marca la normativa, el desarrolla de la Oficina que coordine a las 10 oficinas que funcionan en Castilla y León que cumplen su función de «manera insuficiente», por lo que esperó que se resuelva en el encuentro de hoy.

La memoria del TSJCyL refleja un ligero incremento de los asuntos ingresados en los juzgados de Castilla y León, al pasar de los 270.167 del año 2017 a los 275.990 del pasado año. El mayor crecimiento de la litigiosidad se ha experimentado en la jurisdicción Ciivl y en la Contencioso-Administrativo, con un incremento de 6.077 y 1.260 asuntos, respectivamente. En el caso de lo Social el aumento es casi «imperceptible», mientras que en el orden Penal bajaron de los 135.853 a los 134.212 asuntos, siguiendo con la línea descendente que marcó la entrada en funcionamiento de la reforma de la Ley de

Enjuciamiento Criminal que evita remitir a los juzgados los atestados de delitos sin autor conocido.

También han crecido los asuntos en trámite, casi 6.000 más que el año 2017. Lo que no quiere ceder, segúnConcepción, que «se haya trabajado ni resuelto menos» por parte de los jueces de la Comunidad. De hecho, se han resuelto 5.540 asuntos más que en 2017, concretamente, 264.634. El pasado año se dictaron 76.178 sentencia, 4.018 más que año anterior.