El viceconsejero dice que un jefe de área del Itacyl hizo desaparecer los informes

El viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta, Jorge Llorente, fue quien informó el 8 de octubre del pasado año, entonces como director del Itacyl la desaparición de los expedientes de Agricultura sobre las ayudas concedidas a la empresa Patatas Meléndez.

Pero, además según consta en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, Llorente apuntó al jefe del área de innovación y optimización de proceso y responsable también de la unidad de transferencia tecnológica, Manuel Ariza, como la persona que habría mandado eliminar esa documentación.

«El 8 de octubre de 2018, el director del Itacyl, Jorge Llorente Cachorro, en contestación al oficio de la Sala en el que se ordenaba la práctica de la prueba documental solicitada por la recurrente, informa que el 14 de marzo de 2018, el Itacyl puso en conocimiento del Ministerio Fiscal la inexistencia de documentación que solicita la Sala, pues desde aquel momento a la fecha actual siguen sin aparecer los documentos esenciales en relación con dicho proyecto en los lugares protocolizados para su archivo en el Itacyl», recoge la sentencia del TSJ.

En la misma se indica también que «en el escrito presentado por el director del Itacyl al Ministerio Fiscal se manifiesta que por la Consejería de Agricultura se solicitó que preparase la documentación que había pedido la mercantil recurrente en el presente recurso y que, recabada dicha documentación de la unidad administrativa de Transferencia Tecnológica donde se archivaba, se comprueba que no dispone de la misma en ningún formato, añadiendo que, al parecer, se eliminó en abril de 2013 de las carpetas digitales por indicación del entonces jefe del área de innovación y optimización de procesos, responsable también de la Unidad de Transferencia Tecnológica, Manuel Ariza Martín, que actualmente no es empleado del Itacyl».

Puestos en contacto con el hoy viceconsejero de Agricultura, Lloretne declinó realizar manifestación alguna. En relación a esta desaparición de los expedientes del Itacyl, la sala de lo Contencioso-Administrativo, deja claro en su auto que «se estima oportuno poner de relieve que la mercantil recurrente –Patatas Meléndez– solicitó como prueba en las alegaciones que efectuó el 22 de marzo de 2017, dentro del expediente para declarar el incumplimiento total y la pérdida del derecho a cobro de la ayuda, que por parte del Itacyl se remitiese para su incoporación al expediente, toda la documentación obrante en los archivos del Instituto».

Patatas Meléndez anunció en la tarde de ayer que se personará como acusación en el procedimiento penal que sigue el Juzgado de Instrucción Número 3 de Valladolid por la supuesta desaparición de expedientes Itacyl. Es más, la Consejería de Agricultura no confirma si es cierto que la policía judicial tras investigar la denuncia ha pedido el archivo del caso al no encontrar prueba alguna de algún tipo de acto delictivo.

La denuncia de la desaparición y manipulación de expedientes la cursó Llorente en marzo pero no salió a la luz hasta la semana pasada, a través de una filtración interesada desde la Consejería de Agricultura, coincidiendo con la marcha del PP de la esposa del empresario, Silvia Clemente, y su fichaje por la formación que lidera Albert Rivera.

Además, Patatas Meléndez interpondrá los recursos «que resulten oportunos» ante la sentencia dictada por el TSJ al considera que no es «ajustada a derecho» y que está fundamentada en documentos de los que «no ha tenido conocimiento durante la tramitación del procedimiento judicial». En un comunicado remitido a Europa Press, Patatas Meléndez anunció recurso, además de su personación en el procedimiento penal con el fin de «aclarar los hechos que están siendo objeto de investigación».

El Alto Tribunal de Castilla y León desestimó el recurso presentado por la empresa contra una resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería que denegaba el pago de una subvención de 598.000 euros anteriormente concedida por la Administración a dicha mercantil. En su resolución aprecia indicios de una posible manipulación de documentos aportados en el expediente estudiado. La pasada semana la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, confirmó la denuncia presentada ante la Fiscalía por la desaparición de un expediente correspondiente a la concesión de la ayuda a la empresa de Javier Meléndez, a quien se le denegó la misma después de que los técnicos de la Administración valoraran que no cumplía los requisitos, informa Ical.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) rechazó el recurso presentado por la empresa Patatas Meléndez. Además, aprecia «indicios de una posible manipulación» y envía la documentación a la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid que investiga estos hechos.

La sentencia, que impone a la empresa el pago de las costas, da la razón a la Junta que en agosto de 2017 emitió una resolución en la que declaró que se habría producido un «incumplimiento total» y, por tanto, la pérdida del derecho a cobro de la ayuda por no realizar una parte de las actividades sujetas a la subvención, así como por estar vinculada a otra ayuda.

También argumentó que existían «incongruencias» y partidas sin «proporción y lógica técnica», entre los gastos a justificar.

La empresa sin embargo señaló que ejecutó «sustancialmente2 las tareas comprometidas y que aquellas que mostraron «inutilidad» fueron modificadas, tras presentar una solicitud, a la que la administración no respondió por lo que actuó de la forma «más razonable». También sobre la coincidencia de ciertas tareas con otras líneas, indicó que un proyecto y otro eran «absolutamente distintos», por lo que negó la duplicidad y añadió que en ningún caso el gasto justificado sea menor que el aprobado.

La Sala considera que la compañía pretendía incluir en la justificación de las subvenciones tareas que ya habían sido presentadas para otras ayudas y añade que el proyecto no se ejecutó en los términos aprobados en la resolución de concesión. Por otro lado, aunque la compañía no llevara a cabo parte del proyecto aprobado, asegura que esto no supone una reducción del presupuesto comprometido y la anulación de la ayuda.

También rechazó que las acciones, que se consideran «repetidas» en el expediente se deba a un «error formal» en la redacción de otro anterior, puesto que fue presentado –dice la sentencia– por la propia empresa en la Consejería de Agricultura. Además, advierte que si se incorporaron al primer bloque subvencionado para dar «mayor comprensión y entidad», podría indicar que se hizo para lograr un «importe superior al que correspondería». En cualquier caso, al incluirse de nuevo «se pretendía cobrar dos veces por lo realizado una sola vez».