El TSJ dicta 130 sentencias que obligan a pagar las ayudas a la remolacha
El Alto Tribunal insta a la la Consejería de Agricultura a abonar los pagos que datan de 2011
Los remolacheros han ganado la batalla, de nuevo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) ha dictado 130 sentencias en las que da nuevamente la razón a los productores de remolacha azucarera en su lucha contra la Consejería de Agricultura y condena a tramitar las ayudas convocadas para la campaña agrícola 2011-2012, y que en su época no fueron pagadas por la crisis que existía en el país.
Los remolacheros de la Comunidad autónoma presentaron 130 recursos ante la Sala de los Contencioso-Adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León contra la orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería que suspendía las ayudas a la producción de raíz, para la campaña 2011/2012, establecidas por acuerdo con los agricultores y Azucarera y la Cooperativa Acor. Ahora, la justicia da la razón a los remolacheros y obliga a la institución a realizar el pago. Esta resolución supone un alivio para algunos remolacheros de la región y responde a una vieja reivindicación que ha estado en boca durante los últimos años de los sindicatos agrarios.
Además, la Consejería deberá pagar 200 euros en costas por cada uno de los procedimientos que ha perdido. Estos 130 recursos no serán los únicos ya que según las fuentes judiciales hay más de 300 recursos con idéntica reclamación que se encuentran en trámite.
En aquella época, el remolachero percibía tres euros por tonelada de remolacha producida, una renta que se dejó en suspenso en 2012, tras haberse publicado la convocatoria de ayudas para la campaña, a consecuencia de la crisis económica y la necesidad de contener el déficit público, algo que llevó a los agricultores a una guerra judicial que ha sido muy larga. Estaba previsto que el subsidio, que suponía unos 10 millones de euros anuales para la Administración autonómica, se prolongara hasta 2014, si bien no se convocó la ayuda nuevamente. La suspensión de una ayuda que ya estaba en curso para ese ejercicio provocó las críticas de todas las organizaciones agrarias, que por fin, han visto luz en sus reclamaciones.
En la sentencia, la Sala de lo Contencioso vuelve a confirmar los argumentos puestos en marcha en la sentencia de 2014, que hizo que la orden aprobada y luego anulada por la Junta volviera a cobrar vigencia. Recuerdan además que la Administración regional «está obligada a tramitar todas las solicitudes con independencia de que las ayudas se concedan o no a los productores que las hayan pedido en función de las circunstancias individuales de cada uno de ellos».
EFECTOS PARA TODOS
La resolución insiste en que las consecuencias de la sentencia de 2014 del TSJCyL y de otras posteriores, que se resolvieron en idéntico sentido en contra de la Junta y a favor de los productores agrícolas, «tienen efectos frente a todos los afectados» que solicitaron ayudas para esa campaña y a quienes ya se les había denegado la subvención y no sólo para los que recurrieron judicialmente la orden de 2012 anulada por el Alto Tribunal castellano y leonés.
Una sentencia que crea jurisprudencia según «el principio de igualdad de todos los partícipes en el proceso hace necesario que también en este caso se apliquen las bases originarias a todos los afectados por la anulación de la convocatoria originaria» y para instar a la Junta a cumplir la sentencia dictada por el TSJCyL en 2014. Los magistrados reproducen los mismos argumentos en las 130 sentencias dictadas en diciembre, estimando las pretensiones de los productores de remolacha en contra de la Junta de Castilla y León. «Es muy relevante el contenido de la sentencia que anuló la resolución revocatoria de la convocatoria, sentencia ésta que tiene cierta similitud a lo que acontece en los procedimientos de ejecución, y en este caso es claro que la sentencia refería sus efectos a todos los partícipes en la convocatoria efectuada. Se ha de estar, por lo tanto, a los propios términos de lo acordado en las sentencias que anularon las bases, cuyo contenido se trata de aplicar», detalla el documento enviado desde las fuentes jurídicas.
Los sindicatos agrarios recuerdan que este empecinamiento de la Consejería de Agricultura «por negar la evidencia» podría haberse ahorrado y los remolacheros deberían haber cobrado lo que les corresponde mucho tiempo antes. Además recalcan que el pago de la ayuda a la remolacha de 2011 no es un «regalo» de la Consejería de Agricultura si no fruto de la presión ejercida por la organización en los tribunales. Hay que recordar que Castilla y León es la primera productora de remolacha del país, con el 70 % del cultivo nacional, un sector que da empleo a más de 6.000 personas. Una válvula de oxígeno para muchos remolacheros que mientras tanto siguen negociando para conseguir unos precios justos en este 2019 recién iniciado.