La integración de renovables exige una inversión de 5.000 millones en Castilla y León

El reto está claro: proteger el medio ambiente. La cuestión es cómo hacerlo para que todos los actores estén satisfechos. Una meta complicada con un recorrido difícil que necesita implicación y, sobre todo, inversión. En el caso del mercado eléctrico, la reforma es más una obligación que una opción. Va a jugar un papel clave en la transición energética. Y lo va a hacer con un mix de generación con la vista puesta en las renovables. Por ello, esta reforma debe abordarse en el marco de un debate más amplio que busque un modelo competitivo, eficiente, descarbonizado, seguro y sostenible.

La intervención pública es necesaria, ya que no sólo habrá que invertir en renovables, que también –para interconexiones, redes de distribución, almacenamiento, formación de profesionales y ciudadanos, entre otros aspectos–, sino habrá que actuar en las ciudades, ordenación del territorio, adecuación del transporte, grandes infraestructuras, el sector de la automoción, incluso la fiscalidad. Es un paso muy grande que precisa una estrategia coherente con líneas de actuación concretas que van mucho más allá de la presentación por parte del Gobierno de un proyecto de ley de cambio climático y transición energética.

La hoja de ruta debe ser clara. Se tienen que identificar todas las alternativas, su viabilidad y su impacto económico. De hecho, las propuestas tienen que estar abiertas, ya que cualquier aportación es clave a la hora de crecer. Una oportunidad de mejorar la calidad de vida y adecuarse a los compromisos de la Unión Europa donde los expertos pueden ayudar, y mucho.

En este sentido, el estudio ‘La contribución de las redes eléctricas a las descarbonización de la generación eléctrica y la movilidad’, elaborado por Monitor Deloitte junto con varios operadores de redes eléctricas, recoge que para afrontar los retos de modernizar y digitalizar la red eléctrica y facilitar la integración de renovables y el vehículo eléctrico en el sistema serán necesarios entre 4.400 y 5.100 millones de euros en Castilla y León. Una cifra importante que no es nada comparable con lo que necesita España para subirse a ese tren. Según señaló Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, durante la presentación del estudio, se requieren 30.000 millones de euros. Una inversión que, entre otras cosas, irán destinada a nuevos sensores avanzados que permitan la monitorización en remoto de tensión, flujos, generación o frecuencia; algoritmos avanzados para la predicción meteorológica o el mantenimiento que se adelanta a los problemas; infraestructuras de comunicaciones para la gestión eficiente y remota de los recursos distribuidos y la digitalización de equipos como subestaciones y centros de transformación para automatizar la gestión de las redes y la generación intermitente.

En este camino es «esencial» una adecuada retribución a las eléctricas. De ellas depende la integración de las renovables en el sistema energético español. Según la estimación de Monitor Deloitte, es necesario una inversión hasta tres veces superior en redes eléctricas que lleven la energía desde los parques renovables hasta el consumidor final.

Como dato: para cumplir con el objetivo de 32% de penetración renovable en 2030 será necesario instalar 45-55 gigavatios de nueva capacidad renovable. «Y si llegase al 35% habría que instalar más de 60 gigavatios», recoge el informe. Es verdad, añade, que los últimos cambios legislativos, entre los que se encuentra la regulación del autoconsumo y la función de las empresas de redes en el despliegue de la infraestructura de recarga, y el incremento de competitividad de las tecnologías facilitarán la penetración del autoconsumo y el vehículo eléctrico.

NUEVOS RETOS

El escenario que se quiere dibujar contempla facilitar una participación activa de la demanda, permitir la recarga inteligente de millones de vehículos y gestionar una nueva capacidad no gestionable. Una transición que requiere «una operación compleja» y que tiene que rodearse de nuevos equipos que garanticen la seguridad de suministro. El informe alerta de que la falta de inversión en redes pondrá en riesgo la meta de penetración de renovables, ya que no se llegaría al mínimo de electrificación que haga estable el sistema.

En esta línea, los consultores de Deloitte insisten en que las redes eléctricas son «claves» para desarrollar una meta ecológica más ambiciosa, puesto que permiten integrar «un volumen renovable con mayor seguridad en el sistema eléctrico» y, de forma adicional, desplegar una mayor generación libre de emisiones: más puntos de conexión, más potencia contratada y más energía.

vehículo eléctrico

El estudio deja patente que las redes eléctricas no van a suponer un obstáculo para la integración del vehículo eléctrico, si bien hay que atender «ciertas necesidades» que podría «limitar» el despliegue de la infraestructura de recarga y, por ende, la introducción del vehículo eléctrico.

Algunos aspectos que se ponen encima de la mesa son: la recarga privada en edificios residenciales y centros de trabajo. Para su consecución es esencial facilitar las inversiones en obras de adecuación de las instalaciones eléctricas interiores. A esto se une, añade, incentivar la recarga inteligente como instrumento para reducir las necesidades de inversión. «En los puntos de recarga públicos, los costes fijos actuales pueden suponer un freno para la recuperación de estas inversiones con bajas penetraciones de vehículo eléctrico», expone. Además, reconoce que deben crear vínculos estrechos con los ayuntamientos para asegurar «ubicaciones atractivas» para los usuarios y con acceso a la red eléctrica, así como el desarrollo de los procedimientos para acometer la infraestructura por parte de las empresas de redes.

Otro punto interesante de este periplo verde es el autoconsumo. La sociedad es un actor del proceso que tiene que estar presente sí o sí. De ahí que se fomente el autoconsumo de renovables. Para ello deben ser integradas dentro del circuito. La estimación es que existen alrededor de 1.000 instalaciones registradas. Todas tendrán que ser adaptadas a la red eléctrica para garantizar la seguridad del suministro. Es importante tener en cuenta que el autoconsumo da lugar a flujos en dos direcciones que implicarían nuevos requerimientos, como reguladores de tensión, nuevos sistemas de protección, capacidad de control...

Deloitte lo tiene claro y pone deberes a las administraciones que giran alrededor de cuatro ejes. En primer lugar, definir una planificación integral que coordine el despliegue renovable e infraestructura de recarga en zonas prioritarias y la inversión en redes, lo que posibilitaría una mayor visibilidad a los agentes para decisiones de inversión. En segundo, adaptar el marco regulatorio para evitar el bloqueo de capacidad de generación renovable en la red que finalmente no se desarrolla, avanzar en la ampliación del real decreto ley por el que se define el autoconsumo o facilitar las inversiones en nueva infraestructura de recarga por parte de los operadores de redes. En tercer lugar, opina que hay que ahondar en el marco de las tarifas para adecuarlo a los nuevos usos de la transición energética, manteniendo la sostenibilidad del sistema y, por último, estimular las inversiones en modernización y digitalización asegurando una retribución que favorezca el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea y la electrificación de la demanda.

ESCENARIO APROPIADO

Las renovables son el camino hacia la descarbonización de la energía. Eso está claro. Sin embargo, existen piedras en el camino. La falta de inversión es la principal. En esta línea, el informe de Monitor Deloitte en colaboración con varios operadores de redes eléctricas detalla que debe incrementarse un 25% en el periodo 2020-2030 respecto al 2016-2019. No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone reducir la tasa de retribución en el periodo 2020-2030 al 5,6% frente al 6,5% del periodo 2016-2019.

A juicio de Deloitte, ofrecer una retribución financiera atractiva favorecería el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Unión Europea e incentivaría la inversión necesaria para la electrificación de la demanda lo que permitiría reducir el peaje de tarifa eléctrica a 24,2 euros por megavatio hora en caso de tener una demanda de 330 teravatios hora (y tasa del 7%) frente a los 27,6 euros por megavatios hora con 270 teravatios hora (y tasa del 5,5%). En definitiva, «el incremento del coste que supone mantener o incluso incrementar la tasa de retribución actual de las redes es inferior al ahorro de costes para el sistema por el incremento de la electrificación».

TECNOLOGÍA

La red inteligente necesitará como su nombre indica tecnología de última generación. En la red eléctrica se deberá contar con equipos avanzados –protecciones, transformadores, subestaciones, etc.–. A esto se unirán los sensores y los equipos de monitorización capaces de medir las variables clave del sistema y optimizar la operación de la red. El broche lo pondrá la red de comunicación para el intercambio de datos y la gestión de los equipos conectados.

Nuevas tecnologías que para su implantación necesitarán, otro aliado que se repite en a lo largo de todo el reportaje, inversión. Inversión que, en su opinión, debe llevar unida un esquema retributivo para recoger las especificidades de inversiones de redes inteligentes; un incentivo limitado proyectos de innovación como, por ejemplo, la amortización acelerada o sin comisionar, y mecanismos específicos para iniciativas innovadoras de redes eléctricas.