Del Olmo exige a Sánchez 1.000 empleos para suplir el cierre de la minería

Están librando la última –o, a lo más, la penúltima– batalla para luchar por la pervivencia de un sector tocado. La vida de las explotaciones mineras parece tener los días contados, ya que precisa auxilios estatales. Unas ayudas que se terminan y no hay prórrogas posibles. Por ello, es necesario buscar alternativas. Vías de escape que pongan a los trabajadores del carbón en el mercado laboral.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, exigió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez 1.000 empleos para suplir «lo que se está perdiendo ahora» en las cuencas mineras. Y recordó que el Gobierno autonómico está trabajando «con ahínco» para lograr la reindustrialización de la provincia de León, todo ello «sin escatimar esfuerzos para que no haya desequilibrios».

Prueba de ello es el documento que plantea mantener como «reserva estratégica» la producción de cuatro explotaciones mineras de carbón que aprobó ayer el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros con el apoyo del Partido Popular, los sindicatos y las empresas y la abstención de Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos.

El escrito, al que tuvo acceso en exclusiva este periódico, será remitido al Ministerio de Transición para que, según explicó Del Olmo en declaraciones recogidas por la agencia Ical, «trabaje por la supervivencia de las minas ante el posible corte de la minería el próximo 31 de diciembre y flexibilice las ayudas que cobraron a la Unión Europea». Además, añadió, que ponga «requisitos» para que no se puedan cerrar las centrales térmicas y «defienda un futuro del sector en Bruselas que sería muy difícil de cubrir con otras actividades».

El objetivo de este plan es una «transición adecuada y razonable», satisfactoria para las comunidades autónomas y municipios mineros, proponiendo estrategias y proyectos para «revitalizar» los territorios, según el comité de seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

En este sentido, Salvador Cruz, portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León, aseguró que el documento supone «un SOS» para el Gobierno central porque, recordó, «se habían dado pasos muy positivos para mantener la actividad del mix energético nacional con la quema de carbón autóctono en las térmicas», sin embargo, desde la llegada de Sánchez se ha producido «un cambio de criterio» y se establece «una lucha contra el carbón».

Santiago Dorado, representante socialista en la citada comisión de seguimiento, señaló que el PSOE siempre «va a estar respaldando» a las comarcas mineras. Solicitó al Gobierno de España que «tire para adelante» con las térmicas, ya que «sin ellas no hay carbón».

En la reunión en la que se dio luz verde a esta propuesta también estuvo Alider Presa, presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), quien se mostró preocupado por los territorios mineros e instó tanto al Gobierno autonómico como central que no sólo piensen en la minería como minería de carbón sino en las personas y manifestó su confianza para que se genere «alguna alternativa» donde el tejido minero ya ha desaparecido.

El ‘no’ de Manuel Mitadiel, procurador de Ciudadanos en las Cortes, tenía una razón: «Es un documento insuficiente porque sólo se centra en la supervivencia del carbón y de las centrales térmicas» cuando hay que «luchar al mismo nivel exigiendo medidas de compensación y planes de industrialización», indicó a la agencia Ical.

Podemos también se abstuvo. Ricardo López, procurador de la formación morada por Palencia, sostuvo que el documento «llega tarde» y no garantiza la continuidad «al sumar una serie de condicionantes como que los empresarios mineros quieran devolver las ayudas desde el año 2011 o que las centrales térmicas cumplan la normativa ambiental».

Puso el foco en la propuesta realizada en el Congreso de los Diputados para que se garantice «una transición justa» y que «por cada puesto de trabajo perdido en las cuencas mineras se creen dos empleos», así como que se garanticen «por ley» planes alternativos.