La policía condenada por matar a Carrasco debe devolver los 24.000 euros cobrados ilegalmente
El Ayuntamiento retira por decreto a Raquel Gago su condición de policía y la expulsa del cuerpo de forma «definitiva» / La cómplice del asesinato matenía aún un salario de casi 1.000 euros cada mes
Raquel Gago.-ICAL
Raquel Gago ya no es policía local de León y deberá devolver cada euro que cobró ilegalmente desde que fue condenada por el asesinato de la dirigente del PP y presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco.
El Ayuntamiento leonés retira por decreto a la cómplice del crimen su condición de policía local y de funcionaria de carrera.
Desde que la sentencia condenatoria que la encuentra culpable por complicidad y tenencia ilícita de armas fue firme, Gago recibía en prisión casi 1.000 euros mensuales, que correspondían a su salario sin complementos.
Pues bien, ahora debe devolver todo lo que recibió desde que el Consistorio le abrió un expediente que culmina con su expulsión. Esta cantidad que no debería haber cobrado asciende a 24.000 euros.
Contra esta resolución, cabe recurso de reposición y Raquel Gago, condenada a 14 años de prisión por el asesinato de Isabel Carrasco, dispone de un mes para presentarlo.
El decreto de la corporación municipal se sustenta en las tres sentencias sobre el caso y justifica la pérdida de condición de funcionaria por ser «consecuencia de la condena a pena de inhabilitación absoluta», derivada de las sentencias de la Audiencia Provincial deLeón –de marzo de 2016–, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior deJusticia de Castilla y León, con fecha de julio del mismo año, y la única de la Sala de lo Penal del Supremo, datada en el mes de diciembre siguiente.
Por las tres resoluciones, el decreto expone que la pérdida de su condición de funcionaria es «definitiva». Gago tomó posesión como funcionaria para ocupar una plaza de policía local en 1997 y un año después fue nombrada funcionaria de carrera.
Ahora, después del mes establecido para que presente el recurso de reposición a partir del día siguiente a la fecha del 10 de abril, contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa puede interponer también un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en dos meses desde que le fuera notificado el decreto.
Casi a la vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo,inadmitía el recurso elevado a la Corte Europea por la representación letrada de Montserrat González contra la condena de 22 años de prisión que le fue impuesta en España por el asesinato de Isabel Carrasco, al considerar que sus quejas son «manifiestamente infundadas», de acuerdo al artículo 35 3a del Convenio Europeo, según publica Diario de León. La decisión se le hizo llegar a Montserrat, que cumplirá 63 años de edad en mayo, en una carta que señala que el recurso 5727/18 del TEDH no ha sido admitido por el juez único que se ha encargado de dilucidar este caso, de acuerdo a la normativa del tribunal, que en los casos en los que no procede admitir a trámite este tipo de procedimientos.