Los alumnos que boicoteron a Juncker apelan a las Cortes

Los estudiantes de la Universidad de Salamanca multados con 3.000 euros, que consideran «desorbitados», por alteración del orden público durante el acto de la investidura del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como Honoris Causa apelaron hoy a la solidaridad de los grupos de las Cortes para que apoyen su campaña de recogida de firmas e incluso ayuden a sufragar un coste «inasumible» para ellos.

Tres de los cinco estudiantes multados, Pilar García, Néstor Prieto y Héctor García, explicaron en una rueda de prensa en las Cortes, junto al procurador de IU, José Sarrión, de quien recibieron su apoyo, que «sintieron miedo» de ser expulsados, si bien el nuevo rector manifestó que no habrá medidas académicas contra ellos, dos cursan Ciencias Políticas y la tercera Física.

Al final de su comparecencia, y antes de reunirse con Ciudadanos y Podemos, ya que IU, PSOE y UPL, con quienes ya se han visto a esta ahora les han respaldado, se preguntaron quién hace “más daño y desacredita” a la Universidad, si quiénes reivindicaron una escuela pública para todos y todas o el máster «clientelista» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. «Hay un doble rasero», valoraron.

Los hechos, como relataron en la sala de prensa de las Cortes, se remontan al 9 de noviembre cuando cinco estudiantes, a título individual y acreditados para el evento por el Servicio de Protocolo de la Usal, entraron en el Paraninfo donde se desarrolló el acto de la investidura de Jean-Claude Juncker luciendo camisetas verdes en con el mensaje reivindicativo ‘Escuela pública de todos y todas’.

Sin llegar a realizar ninguna protesta, ya que con ese mensaje quisieron mostrar su desacuerdo con la entrega de ese título a una persona que representa una política de austeridad y recortes de servicios públicos, les «desalojaron de manera violenta, pese a salir con los brazos en alto y dejando claro nuestra voluntad de explicar la situación». El procurador de IU, José Sarrión, calificó la acción de los estudiantes como «un acto de dignidad» y censuró que en un «templo de la libertad de expresión», como la universidad, se les acuse de «perturbar la seguridad ciudadana», fueran retenidos y multados.