Un 25% de las quejas al Defensor del Paciente llega a los tribunales
Valladolid y León, con 158 y 153 respectivamente, acaparan la mayoría de las denuncias que se reciben / «La gente ha perdido el miedo y cada vez se denuncia más», asegura
![Exteriores del Hospital Clínico, en una imagen de archivo.-PABLO REQUEJO / PHOTOGENIC](https://imagenes.diariodevalladolid.es/files/image_large/uploads/2024/03/14/65f344dad5e7f.jpeg)
Exteriores del Hospital Clínico, en una imagen de archivo.-PABLO REQUEJO / PHOTOGENIC
Apenas un 25% de las 609 quejas que que recibe el Defensor del Paciente en Castilla y León acaban en los tribunales. Por provincias, Valladolid y León acaparan la mayor parte de las denuncias, como no podía ser de otra manera al tener también más población que el resto de territorios de la Comunidad. Las 158 de Valladolid y las 153 de León, que suman más de la mitad de los 609 casos del conjunto de la Comunidad, lideran el ránking. El tercer lugar lo ocupa Salamanca, con 84. Tras las cuatro provincias con complejos hospitalarios de referencia aparecen en el citado listado las cinco restantes, lideradas por Ávila, con 44 quejas, Segovia (38), Palencia (26), Zamora (21) y Soria (17).
Apenas hay variaciones reseñables en un ‘palmarés’ en cuyo primer puesto se turnan Valladolid y León. Burgos permanece abonado al cuarto puesto incluso tras registrar un descenso tan notable como el de este año, lejos de su techo histórico de quejas, alcanzado en 2014 con 86.
No obstante, no todas las reclamaciones implican el inicio de un procedimiento judicial. Ni mucho menos. El abogado experto en la materia y responsable del bufete al que El Defensor del Paciente deriva los casos susceptibles de ‘pelearse’ en los tribunales, Santiago Díez, estima que «entre un 25% y un 30% de las quejas enviadas a la entidad» dan ese salto. Antes, hay que constatar que existe cierta viabilidad jurídica y técnica, así como voluntad por parte de quienes presentan la queja de emprender tal camino, en ocasiones largo y costoso.
Lo cierto, no obstante, es que «cada vez más personas deciden dar ese paso», aprecia Díez, que lo vincula con que «la gente ha perdido el miedo a litigar, ya no se calla y quiere saber por qué le ha pasado lo que le ha pasado y que los responsables asuman lo ocurrido», y aún más en estos casos, en los que sienten que se han vulnerado sus derechos más básicos con consecuencias en ocasiones «de gravedad». «No se resignan y optan por batallar, muchas veces con éxito», asegura.
También la difusión de las sentencias ganadas con respaldo de El Defensor del Paciente -que en paralelo libra su particular lucha con las administraciones, con denuncias públicas y exigencias dirigidas a los políticos- «influye», reconoce Díez, pues, además de generar «una concienciación pública» muestra que «es posible» obtener cierta reparación ante una negligencia.
Su dilatada experiencia en este ámbito concreto permite a este letrado afirmar que, en la gran mayoría de los casos, detrás de las malas prácticas «existe una evidente falta de medios materiales o personales», por lo que señala a los máximos responsables sanitarios de cada región -su bufete también representa a afectados de comunidades vecinas- como ‘cómplices’ de las consecuencias negativas que tienen estas limitaciones en la salud de la población.
Si bien la memoria de la entidad no ahonda en las causas que motivan las quejas en cada provincia sí analiza la tendencia por comunidades autónomas y revela que en Castilla y León las listas de espera se mantienen como la principal preocupación. Al respecto, Burgos figura en el documento de forma específica como el escenario de «un hecho lamentable» que marcaba el 2017. Hace referencia así a la polémica del ‘maquillaje’ del número de pacientes en espera de intervención en el HUBU, controversia zanjada por Sacyl como un «malentendido» que a juicio de la agrupación -creada en 1997 para «evitar cualquier negligencia o indefensión que puedan sufrir las personas que acuden a un centro, clínica u hospital»- ponía en tela de juicio la efectividad del plan Perycles, estrategia de control de las listas de espera en Castilla y León. Considera pues esta situación razón suficiente para reclamar «una auditoría externa que permita conocer las cifras reales, en concreto de la fecha de inclusión de los pacientes en la lista y de las salidas por causas ajenas».
Por especialidades, tanto el registro del bufete de Santiago Díez como la estadística del Defensor del Paciente coinciden en indicar que, en términos generales, las áreas que más reclamaciones generan, además de la lista de espera, que ocuparía el segundo puesto en el ranking, son Cirugía General, Traumatología, Ginecología y Urgencias.
Por hospitales, el de Burgos es el menos denunciado de los cinco grandes de la región, remata un listado encabezado por el de León, seguido por el Clínico y el Río Hortega, de Valladolid, y el de Salamanca.
«VERGONZOSAS» PALABRAS DE SÁEZ SOBRE LA SENTENCIA DEL CLÍNICO
Hace apenas cuatro días que se conocía la sentencia que condenaba al Clínico de Valladolid a indemnizar a unos padres que perdían a su bebé al nacer por lo que el juez consideró una negligencia médica, ya que la madre, pese a ser un caso de riesgo elevado por presentar diabetes gestacional, no fue monitorizada en el hospital para conocer la evolución del bebé, ignorándose así los problemas que motivaron el trágico desenlace. El caso caía en manos de Santiago Díez, precisamente, que ayer no ocultaba su indignación por las palabras del consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, en relación al citado fallo. Y es que el máximo responsable de Sacyl cuestionaba la versión aceptada por el tribunal, indicando que la de los médicos difiere de esta. «Es vergonzoso. Debería limitarse a pedir perdón a la familia», aseveraba Díez, sorprendido y enfadado por las citadas declaraciones que, a su juicio, «evidencian una falta absoluta de sensibilidad y de respeto».