Urcacyl reclama el apoyo del sector para salvar sus gasolineras
Las cooperativas necesitan 18.000 firmas para luchar contra la ley que obliga a tener personal
Un año ha pasado desde que se presentó la ley que obliga a que las estaciones de servicio cuenten con personal. Un tema al que acompaña la polémica tanto en el ámbito regional como en el nacional.
A principios de este ejercicio, Urcacyl puso en marcha el procedimiento necesario para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que permita las gasolineras desatendidas. Cinco meses han transcurrido desde que arrancó la recogida de firmas y su gerente, Jerónimo Lozano, reclamó ayer «la implicación de todo el sector para alcanzar el objetivo fijado de las 18.000 cuanto antes, demostrando así la fortaleza del conjunto de las cooperativas» t concretó que ahora mismo «estamos cerca del 78% de esta cifra».
Aunque la proposición exige realmente el apoyo de unas 16.000 personas, Urcacyl ha elevado su meta en «un 10% porque en los pliegos que tenemos que presentar vemos signaturas que, por determinadas circunstancias, son nulas». Además, Lozano remarcó que en sus «muchas conversaciones con las administraciones nos han dicho que con 18.000 firmas no habrá quién se atreva a rechazarla».
Para que la Iniciativa Legislativa Popular pueda prosperar se precisan firmas de al menos el 0,75% del censo electoral de cada provincia de la región. «Necesitamos superar este porcentaje como mínimo en cinco de ellas», reconoció el gerente, apuntando que se ha conseguido ya en tres: Soria, que requería 573 ya acumula 1.000; Valladolid necesitaba 3.238 y supera las 4.000; y Zamora alcanza las 1.900, cuando urgían 1290. Un arduo trabajo que «se podría haber evitado con la presentación de una Proposición No de Ley por cualquier grupo político», acusó Lozano.
REPASO
Por su parte y para poner en contexto, el técnico de Urcacyl, José María Santos, realizó un repaso de los movimientos realizados hasta el momento así como de los motivos que los justifican.
«Previamente a la ley que prohibe las estaciones de servicio desatendidas, nos reunimos con los políticos para advertirles de que esta opción era inapropiada y que no tenía cabida en el mercado español», aseguró Santos.
A pesar de estos avisos, en octubre de 2016 se aprueba «algo especialmente grave: primero, porque se trata de una ley cuando en otros sitios es un decreto; segundo, porque las sanciones mínimas son de 3.000 euros; y, por último, porque otras comunidades autónomas ya habían revertido estas normativas», explicó.
La labor de Urcacyl continuó con una ronda de reuniones en la que la negativa unánime les obligó a optar por una Iniciativa Legislativa Popular que reconozca las gasolineras desatendidas. «Un trabajo coordinado a nivel nacional en el que contamos con el apoyo de todas las regiones, incluidas aquellas que ya tienen resuelto el problema, como es el caso de Navarra», aseveró.
El empleo, la seguridad y la discapacidad son los tres motivos que obligan a que al menos una persona esté en las estaciones de servicios. «En el último caso, los comités de representantes son inamovibles en la necesidad de esta presencia; sin embargo, si hablamos con particulares con algún grado de discapacidad, les llega a molestar no poder valerse por sí mismos».