Las Cortes urgen por unanimidad un plan de reindustrialización para la comarca de Garoña ante su cierre
El PP saca en solitario instar a la Junta a que estudie un tributo medioambiental para Nuclenor que se destine a la dinamización de la zona
El secretario socialista Luis Tudanca conversa con Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda de Ebro (D), y algunos representantes de Garoña.-ICAL
Las Cortes de Castilla y León urgieron hoy la elaboración de un plan de reindustrialización para la comarca de Garoña que compense la pérdida de actividad económica y empleo con el cierre de la nuclear por parte del Gobierno, con la participación de la Junta, a la que instan, sólo con el voto del PP, a estudiar un tributo medioambiental por el desmantelamiento cuya inversión vaya a la zona.
Al plenario llegaron sendas proposiciones no de ley de los grupos Socialista -debatida en primer lugar- y Popular, en las que ambos coincidieron en la petición de un plan de desarrollo y dinamización socioeconómica para la comarca noreste de la provincia de Burgos -denominación del PSOE- y de reindustrialización -del PP-, pero sólo se aprobó la propuesta de los 'populares', ya que éstos tumbaron la de los socialistas, que sí contó con el respaldo del resto de grupos.
Con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de IU, se aprobó la propuesta del PP que, junto al plan para la zona, reclama formulas de compensación para los municipios, la permanencia del mayor número de trabajadores en el trabajo de desmantelamiento, así como que la Junta colare en el plan. El estudio de un tributo a la empresa que revierta en la comarca contó con la oposición de Ciudadanos y la abstención de PSOE, Podemos, IU y UPL.
El debate estuvo trufado de reproches y gruesas acusaciones entre PP y PSOE sobre la decisión de cierre y las posiciones mantenidas por unos y por otros en este tiempo. “¡Lo que hemos tenido que aguantar!”, denunció el portavoz socialista, Luis Tudanca, en la defensa de su propuesta, en la que acusó a los 'populares' de dejar la comarca sin central y sin un plan, a la vez que defendió el 'Plan Reindus' del Gobierno de Zapatero cuando se acordó en 2009 la clausura de la nuclear en 2013.
“Han jugado con las familias por un puñado de votos”, criticó el socialista, que afeó que, tras la decisión del Gobierno del PP de no conceder el permiso, la Junta sólo enviara una carta. “Son un Gobierno, no un equipo de tertulianos”, comentó. Pero, tras el cruce de reproches, miró al futuro y ofreció un acuerdo, por lo que votaron a favor de la PNL del PP, aunque anunciaron que estarán “vigilantes” para que se cumpla.
En la presentación de su texto, el 'popular' Ángel Ibañez, que insistió en defender que la central siga abierta, pese a que las empresas propietarias han dicho que no era rentable, como le recordó después David Castaño (Ciudadanos), repasó el cierre “caprichoso” por el Gobierno de Zapatero y subrayó que el PP se siente “legitimado por coherencia” para plantear ahora esa PNL.
Ibañez, después de escuchar a Tudanca hablar de que “ha tenido cuajo para salir aquí”, en referencia a la 'popular' Irene Cortés que intervino en la PNL socialista, cargó contra la “cara dura, el cinismo, la desfachatez y la hipocresía” de los socialistas. Así, acudió al lema del PSCyL de una “alternativa decente” para afirmar que su posición sobre Garoña es “lo más indecente desde que los franceses volaron el Castillo de Burgos”.
Los oradores de Podemos (Félix Díez), Ciudadanos (Ignacio Delgado y David Castaño) e IU (José Sarrión) se mostraron de acuerdo con el cierre y con la búsqueda de alternativas para la comarca. El procurador de IU atribuyó la victoria de la clausura de la planta al movimiento ecologista y antinuclear y Díez subrayó que era “un secreto a voces” y criticó el “culebrón” al que PP y PSOE han sometido a la zona.
Sarrión, único que se abstuvo en el texto del PP, argumentó que los ciudadanos no pueden pagar el proceso de desmantelamiento, sino que debe ser la empresa propietaria Nuclenor con el beneficio obtenido en estos años. Por su parte, Castaño no vio legal el tributo ecológico que quiere implantar la Junta y subrayó que es una doble imposición, que terminará en los tribunales.