Los afectados de la agencia de viajes podrán recuperar su dinero

La Junta Arbitral de Consumo de Palencia resolverá las reclamaciones de los afectados por el cierre repentino de la agencia de viajes Zep Travel, con el objetivo de agilizar la resolución del conflicto y que los perjudicados puedan recuperar su dinero cuanto antes. Es el acuerdo que alcanzaron ayer el abogado de las propietarias de la agencia, Antonio Luis Vázquez, y el abogado y presidente de la Unión de Consumidores, Alberto Arzúa, en representación de los afectados. Ambos coincidieron en que el laudo arbitral es «la manera más rápida, más acertada y más segura de que los afectados recuperen su dinero». Y también la mejor forma de «racionalizar» un conflicto que se desató el sábado cuando la agencia de viajes apareció cerrada a cal y canto, y algunos de sus clientes comenzaron a recibir mensajes en los que se cancelaban sus viajes.

Una lluvia de denuncias en la Comisaría de Policía de Palencia,-la subdelegación del Gobierno confirmó hasta 60-, concluyó con la detención de las dos propietarias de la agencia y el registro del local, del que los agentes se llevaron ayer un ordenador y tres cajas llenas de documentación. Entre gritos, abucheos e insultos de numerosos afectados que se fueron concentrando frente al local durante el registro, salieron las dos detenidas que fueron trasladadas de nuevo a la Comisaría de Policía donde permanecerán hasta que pasen a disposición judicial, algo que previsiblemente suceda hoy mismo.

Ya por la tarde los abogados de las dos partes informaron de que se había llegado a una solución «satisfactoria» para las partes implicadas. Las detenidas aceptaron someterse a un arbitraje de consumo, de forma que será la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Palencia la que resuelva las reclamaciones conforme a lo establecido en el decreto que regula las agencias de viajes en Castilla y León. El decreto establece que la licencia de apertura de las agencias de viaje incluye una fianza mínima de 60.000 euros y que esta cantidad se reponga automáticamente una vez que se hace uso de ella, por lo que se asegura que todos los afectados recuperen su dinero.

Antonio Luis Vázquez subrayó que las propietarias reconocen las obligaciones que tienen con los clientes y que no han cumplido con ellas. «En este caso los contratos no se van a poder cumplir porque no hay efectivo, pero la ley marca que se les devolverá el dinero a través de los seguros», sostuvo, asegurando que todos los afectados recuperaran su dinero, porque la relación contractual es totalmente legal. «Las personas que han contratado con la empresa tienen cobertura suficiente», añadió. Pero insistió en que para ello hay que poner en marcha los mecanismos de resolución del conflicto que hay y subrayó que el mejor es el arbitraje de consumo.

Evitar vía judicial

De esta forma se pretende evitar la vía judicial y optar por un proceso más rápido, ya que el laudo arbitral podría estar a finales de año y los afectados podrían recuperar su dinero en los primeros meses del año que viene. Con el matiz de que los afectados que opten por el laudo arbitral ya no podrán acudir a la vía civil. Para ello tendrán que presentar una solicitud de arbitraje de consumo dirigida a la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Palencia en cualquier registro público o a través de la página del Instituto Nacional de Consumo.

En cuanto al cierre de la agencia de viajes, el abogado de las propietarias aseguró que «lamentan este perjuicio», que están «muy preocupadas» por sus clientes. Por eso afirmó que están colaborando con las autoridades para que la situación se resuelva lo antes posible y para «minimizar una consecuencia grave» y el daño que se ha producido y que ha sido «ajeno a su voluntad».

Según sus explicaciones la empresa pasaba por dificultades económicas porque los mayoristas «les han cortado el grifo» y cuando estaban tratando de resolverlas se vieron sorprendidas por «una avalancha» de denuncias. «Lo que ha ocurrido es un incumplimiento en cascada de los mayoristas que les han cortado la financiación», sostuvo el abogado. Algo que, como quiso subrayar, ocurre en otras empresas y nadie habla de estafa ni de hechos delictivos. «Podemos hablar de una gestión equivocada o errónea, pero no han hecho nada delictivo», zanjó.

De hecho, aún no se ha producido ninguna imputación formal contra ellas, pero la Policía está investigando si se ha producido una estafa o no.

Con toda la documentación recabada y el testimonio de las dos mujeres será la jueza del número 4 la que decida si existen indicios o no para que sigan detenidas. «No hay ninguna razón para mantener la denuncia», sostuvo su letrado al respecto, argumentando que se trata de una empresa que funcionaba correctamente, que tiene sus seguros y sus licencias en orden y que únicamente se ha producido un «incumplimiento contractual» por falta de liquidez y de financiación.