Las administraciones no responden al 70% de las peticiones ciudadanas

Siete de cada 10 peticiones de información a administraciones y otras entidades de Castilla y León se quedan sin respuesta. Así lo constata la primera memoria del Comisionado de Transparencia en la Comunidad, adscrito al Procurador del Común, elaborada a partir de 102 solicitudes hechas en 2016. Se trata del primer informe de este órgano encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de garantizar la eficacia del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

En el documento, que se presentó ante las Cortes, también se pone de manifiesto que fue la administración local la que acaparó más quejas, en concreto el 72% de las recibidas, frente al 14% de las reclamaciones que se interpusieron a la Junta.

El pasado año se recibieron 101, si bien se añadió una más presentada en 2015. Ellas dieron lugar a 66 resoluciones, 40 de las cuales fueron estimatorias y en las mismas se exigió a la administración o entidad afectada en cada caso que proporcionase la información solicitada por el ciudadano.

Además, en ocho más, se comprobó que, una vez presentada la reclamación por el ciudadano e iniciada la tramitación de la petición por este órgano, la administración procedió a conceder la información solicitada.

Información urbanística, empleados públicos y actuación inspectora sancionadora son las materias que más quejas concentraron. La primera motivó cinco resoluciones estimatorias. En cuatro de ellas la información solicitada venía integrada por la documentación de expedientes de licencias urbanísticas y no se observó que este acceso vulnerara ninguno de los límites establecidos en la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

No han sido infrecuentes las reclamaciones relacionadas con las denegaciones expresas o presuntas de solicitudes de información relativa a empleados públicos. Hasta cuatro reclamaciones han tenido como único objeto este tipo de información.

A la posibilidad de acceder a la información pública relacionada con la actuación inspectora y sancionadora relativa a un determinado sector o actividad encontraron dos resoluciones. La primera se centró en datos relacionados con la venta ambulante de fruta y verdura en la provincia salmantina. La segunda trataba sobre el incumplimiento del horario de cierre de espectáculos públicos y actividades recreativas en la Comunidad.

Las resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia son vinculantes y de obligado cumplimiento por parte de las administraciones, a diferencia de las resoluciones del Procurador del Común, y tras su dictamen sólo resta la vía contenciosa administrativa. El grado de cumplimiento de las resoluciones asciende al 70%.

En los seis primeros meses de 2017 ha recibido más reclamaciones que en 2016, además ya se han adoptado 74 resoluciones, ocho más que el pasado año.

Igualmente, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León analizó los portales de transparencia de más de 5.000 entes públicos, la mayoría ayuntamientos, diputaciones, consejerías y organismos dependientes de la Junta, pero también de universidades, colegios profesionales, fundaciones, entre otros.

Entre sus conclusiones figura que existe un «elevado cumplimiento» por parte de las administraciones y entidades afectadas; sin embargo, según recoge la memoria, todavía es «reducido» el número de solicitudes de acceso a la información pública que se tramitan como tales, si bien este dato se debe a que no todos los supuestos se computan como solicitudes.

PRINCIPALES CIFRAS DE LA MEMORIA

Solicitudes. El Comisionado de Transparencia recibió 102 reclamaciones en 2016. En los primeros meses del año lleva las mismas. Además, se adoptaron 74 resoluciones, ocho más que el ejercicio pasado –66–. La administración local es la que más quejas acapara (un 72% de las recibidas).