Las Cortes investigarán sin restricción lo ocurrido en 2005-2011 en las cajas

La segunda reunión de la comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro sólo sirvió para acordar que los parlamentarios de la Comunidad analizarán sobre todo lo ocurrido en los siete años que van desde 2005 a 2011, si bien no descartan que cualquier hecho relevante anterior o posterior se tendrá en cuenta, tanto a efectos de documentación solicitada como de comparecencias que se puedan pedir.

Si el plazo fue motivo de discusión y de controversia, porque el PP planteaba inicialmente empezar desde 2007 y Podemos desde 2004, la comisión se enredó más en el debate sobre el secreto de los documentos y de las reuniones de las cajas que establece uno de los artículos del texto refundido de la Ley de Cajas. Lo plantearon los procuradores populares y lo resolvió la letrada asignada por las Cortes. «No hay impedimento alguno a pedir cualquier documentación», vino a decir. Otra cosa es que si las entidades o instituciones la deniegan, tendrán que fundamentarlo jurídicamente. Pese a dejar claro que no habrá restricciones al respecto, la letrada emitirá en informe oficial en ese sentido. Un informe que no retrasará el desarrollo de la comisión, que ya tiene fijada la fecha del 13 de julio para celebrar la tercera reunión donde unificarán la petición de documentación y precisarán las personas que deben comparecer.

Para ello, los grupos se dirigirán a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para que habilite el próximo mes como activo a efectos del trabajo parlamentario.

Previamente, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU disponen de 25 días, hasta el 10 de julio, para solicitar la documentación y para precisar los técnicos que deben comparecer en una primera fase, antes de que se llamen a directivos y ejecutivos de las entidades financieras y a políticos.

No obstante, el Grupo Podemos se adelantó ayer a pedir hasta 17 informes o documentos sobre el período 2004-2010. Entre ellos, los informes de Analistas Financieros Internacionales y los de Intermony sobre la situación de las cajas, las actas de la Federación, las auditorías internas y externas, los informes de los departamentos de riesgos, los informes sobre operaciones que superaran los 300.000 euros, los requerimientos de recursos propios, información sobre pérdidas operaciones por líneas de negocio... No solicitó las actas de los consejos de administración de las seis cajas, pero sí tiene previsto hacerlo en los próximos días.

El acuerdo unánime para evaluar lo ocurrido desde 2005 se justificó porque el texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León data de ese año. Poner el cierre en 2011 se debe a que fue aquel ejercicio cuando se tomaron las decisiones más relevantes, si bien uno de los casos que ya están en los tribunales, el de las operaciones de Santos Llamas en Caja España, se prolonga hasta 2012.

El presidente de la comisión, Manuel Mitadiel, precisó al término de la reunión que se modificará el sistema de intervención de los compareciente. De tal forma que cada sesión arrancará bajo el sistema pregunta-respuesta, si bien la persona que acuda a la comisión podrá explicar lo que desee aportar en su inicial turno de palabra.

La tercera comisión de investigación en las Cortes durante esta legislatura avaló ayer la decisión de que comparezcan primero los técnicos. Manuel Mitadiel confía en que estas comparecencias se inicien en el mes de septiembre. Su posición es que a continuación acudan los responsables técnicos de la Junta, de las entidades financieras y del Banco de España.

La petición formal para que se constituya esta comisión surgió de Podemos, Ciudadanos e IU. Registraron la solicitud en las Cortes el 23 de marzo. El PSOE se adhirió y el PP no se opuso.

Los tres grupos promotores se plantean analizar y evaluar con profundidad y rigor las causas que originaron el frustrado proceso de integración de Caja España, Caja Duero., Caja Ávila, Caja Segovia, Cajacírculo y Caja Burgos.

También aspiran a conocer las posibles irregularidades en la protección de los clientes de los productos financieros, en referencia a las preferentes que se llevaron por delante el ahorro de pequeños inversores.

El presidente de la comisión confirmó ayer que no hay un plazo previsto para el fin de estos trabajos.