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PP y PSOE permiten que los políticos sigan con el privilegio del aforamiento

La iniciativa de C’s para eliminarlo sólo logra el apoyo de sus 5 procuradores y los dos de IU y UPL

Barcones, Ibáñez, Fuentes y Sarrión, ayer en las Cortes, donde trataron la propuesta de Ciudadanos.-ICAL

Publicado por
J. Luis F. del Corral

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Los representantes políticos del Gobierno regional y del Parlamento autonómico mantendrán todavía sus privilegios respecto al resto de ciudadanos en casos de presuntos delitos. Grupo Popular y Grupo Socialista tumbaron ayer la iniciativa de Ciudadanos para eliminar del Estatuto de Autonomía los aforamientos que llevan a procuradores, al presidente de la Junta y al resto de miembros del Ejecutivo regional a ser juzgados por tribunales superiores.

Ciudadanos proponía eliminar un artículo de la carta magna regional (29), que otorga a los miembros del Ejecutivo el privilegio de no ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos «salvo caso de flagrante delito» y reformar otro (22) sobre los parlamentarios en el mismo sentido, salvo que mantendrían una total libertad de expresión.

El grupo que lidera Luis Fuentes no logró el apoyo necesario para llevar a un pleno esta reforma. Necesitaba al menos 28 procuradores y se quedó en los cinco de su grupo y dos más del Mixto (IU y UPL). La «limitación del aforamiento de los representantes políticos» fue un compromiso de Juan Vicente Herrera con Luis Fuentes, primero en sus condiciones de máximos responsables de PP y Ciudadanos en la Comunidad para que la formación naranja apoyara la investidura del líder del PP. Y después, el del propio presidente de la Junta que o ratificó en su discurso del 2 de julio de 2015.

Han pasado dos años y los aforamientos siguen igual. El PP «incumple de nuevo» los acuerdos, volvió a denunciar el portavoz de Ciudadanos tras una reunión en las Cortes que apenas duró media hora. Fuentes lamentó que la firma de Herrera «no vale para nada». Pero no moverá ni un dedo con su aval a los presupuestos la semana próxima. Se limitó a decir que «la próxima vez» que pacten con el PP exigirán «cláusulas de salvaguarda para que cumplan lo que firman». La comisión del Estatuto, que debería abordar una amplia reforma, lleva parada más de un año.

PP y PSOE justificaron de diferente forma el rechazo a la iniciativa de Ciudadanos. Ambos se mostraron de acuerdo con la eliminación de los aforamientos, pero no secundaron por distintos motivos la propuesta. El popular Ángel Ibáñez dijo que hay «otras cuestiones más prioritarias, porque benefician más a los ciudadanos», en la reforma del Estatuto, como fijar un suelo de gasto social, mejorar las condiciones de la red de protección a las familias e intensificar los mecanismos para dar mayor capacidad a las entidades locales. Pese a todo, Ibáñez culpó al PSOE de bloquear la reforma y no se planteó convocar la comisión para abordarlo.

La socialista Virginia Barcones no está dispuesta a suscribir con Ciudadanos ningún acuerdo sobre regeneración democrática porque culpa al grupo de Fuentes de sustentar al Gobierno de Herrera implicado «en casos de corrupción».

Barcones lamenta que Ciudadanos apoye al PP y no sea capaz de exigirle responsabilidades políticas, algo que considera prioritario, al tiempo que coincide con el Grupo Popular en que hay asuntos como el blindaje del suelo social que son más importantes en el cambios del Estatuto.

El procurador de IU, José Sarrión, fue el único asistente a la reunión que apoyo la iniciativa de Ciudadanos, ya que el ausente Luis Mariano Santos (UPL) prometió su apoyo.. Sarrión criticó al PP y al PSOE por las «malas excusas» utilizada para no secundarla y recordó que su formación ya lo intentó en 2009. Además, cuestionó la actitud regeneradora de Ciudadanos al sostener al gobierno «corrupto» de Rajoy. Finalmente el portavoz de Podemos cumplió su promesa de no acudir.

«Estamos a favor de la supresión de los aforamientos, pero Ciudadanos no está en condiciones de dar lecciones de regeneración a nadie», dijo Pablo Fernández, quien espera que en breve se convoque la comisión para abordar la reforma.

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