Esgueva reconoce que dio un pelotazo de 47 M€ con una inversión de apenas 24.000 euros

Todo muy normal. Ni el entramado de sociedades en las que aparecen los investigados –antes imputados– en la supuesta trama eólica, ni siquiera las operaciones ventajosas, que reconocen ya abiertamente, les hace torcer un ápice le rictus en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

Una normalidad que evidenció Alberto Esgueva, otro de los principales investigados junto al ex secretario general y ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, cuando a preguntas del fiscal Anticorrupción reconoció abiertamente haber dado un pelotazo de 47 millones de euros con apenas una inversión de 24.000 euros.

El que fuera director de ADE Internacional Excal entre 2003 y 2006, reconoció haber obtenido de Iberdrola un total de 47,1 millones de euros al vender a parte de sus acciones de distintos parques eólicos, pero ha defendido la legalidad de la operación, y ello a pesar de que la misma tan sólo le supuso ese pírrico coste de 24.000 euros.

Una operación que defendió con la misma normalidad que reconoció. Y es que según declaró a esos 24.000 euros había que añadir un aval 13 millones de euros que se vio obligado a depositar.

Alberto Esgueva no sólo defendió ese pelotazo, sino que aseguró que la próxima semana presentará ante la jueza de instrucción número 4 de Valladolid el documento en el que certifica ese aval. Escrito al que se compromete a añadir más documentación. Aquella que tiene que ver con acuerdos que tenía cerrados con compañías como la de Bioven.

Según el letrado Emilio Martínez, de Ecologistas en Acción que ejerce como acusación popular, habría venido a reconocer los más de 47 millones de euros que la empresa creada con su hermano Francisco (Grupo San Cayetano) obtuvo de Iberdrola, a través de sus filiales Biovent e Ibercyl, tras vender a esta última su parte de acciones en Energía Global Castellana, constituida al 60 y 40 por ciento, respectivamente.

El millonario beneficio conseguido por los Esgueva tras ‘obligar’ a Iberdrola a asociarse con ellos para agilizar la tramitación de autorizaciones de distintos parques eólicos que hasta entonces se encontraban paralizadas tan sólo les supuso un coste de 24.000 euros, algo que para el letrado de la acusación popular, en tono irónica, denota que el entonces director de Excal «pertenece a esa especie de inteligencias empresariales que deberían de existir más aún en este país para sacarle de la crisis y se asemeja más al milagro de los panes y los peces».

En este sentido, el letrado de EA, en declaraciones recogidas por Europa Press, enmarcó en negocio de los Esgueva en el contexto de un mercado libre en el que alguien decidía que las grandes eléctricas, promotoras de los parques eólicos, debían dar entrada en su accionariado a empresarios locales.

«Es la clave, porque cuando uno tiene el poder político de imponer unos empresarios determinados como accionistas, tengo posibilidades de pedir contraprestaciones», indicó Emilio Martínez.

Por ello, el acusador popular expresó el interés de Ecologistas en Acción por llegar a conocer con qué criterios se imponían esos industriales y si la denominada ‘trama eólica’ se ha extendido a más empresas en Castilla y León.

«No por un afán justiciero sino porque cuando uno paga 47 millones de euros a un señor que no aporta ningún valor añadido, la sospecha es que ello puede acabar repercutiendo en el precio de la luz, con independencia de que se trate de un negocio turbio más del Made in Spain», señaló.

Fernando Cantalapiedra, el abogado de Esgueva, expresó su malestar por el hecho de que en su momento la Agencia Estatal Tributaria entendiera que la operación con Iberdrola era del todo lícita y le exigió el pago de más de 20 millones en concepto de IVA por considerarla una prestación de servicios y ahora, sin embargo, la misma AEAT considera que fue ilícita y pretende sentarle en el banquillo.

«¡O lo uno o lo otro, pero las dos cosas a la vez no! No se le puede seguir embargando por aquella operación y luego se le quiera sentar aquí», denunció el defensor, quien por ello anunció que la próxima semana su patrocinado presentara un escrito justificando la «trazabilidad» del dinero obtenido.

Pero además, su defensa enmarca tales beneficios en los negocios de Esgueva «como uno de otros cientos que hay en Castilla y León que fueron los ‘partners’ locales imprescindibles para sacar adelante los parques eólicos en la Comunidad».

El representante legal de Esgueva también mantuvo que éste «nunca ha sido funcionario, nunca ha formado parte de la Junta y no ha tenido ningún tipo de relación con Rafael Delgado, que era un miembro más del Consejo de Administración de Excal».

Es más en su declaración el ex director de Excal apuntó que que la participación de compañías regionales se imponía por decreto de la Junta, en concreto en el artículo 7/4 del Decreto 189/1997. Algo que además se hacía también, según sus palabras en otras comunidades como Galicia, Castilla-La Macha o el País Vasco.

Esgueva, que llegó con cuatro horas de retraso ya que estaba citado para las once y media de la mañana y apareció pasadas las tres y media, cerró la agenda de interrogatorios prevista para ayer, dentro de la investigación que ser sigue por la trama eólica, que depura presuntas ‘mordidas’ obtenidas por ex altos cargos de la Junta y empresarios entre 2000 y 2015 por la tramitación de parques eólicos.

Cuatro horas de retrasos apenas hora y media de declaraciones ante la Fiscalía Antincorrupción reconoció abiertamente que a él quien le nombra es el ex consejero de Economía, Tomás Villanueva. Sobre Rafael Delgado, que conviene no olvidar era su gran amigo y con el que aparece una vez sí y otra también en todo el entramado de sociedades, aseguró que desde que se fue a Polonia no tuvo contacto alguno con él.

El ex director de Excal sólo reconoció que había hablado con ex viceconsejero de Economía y principal imputado una sola vez, para rechazar invertir en sociedades tecnológicas tal y como le había ofrecido Rafael Delgado.

La maratoniana jornada de declaraciones se abrió con el testimonio como testigo del ex jefe del Área de Eólicas del Ente Regional de la Energía (EREN), Tomás Ciria, quien declaró por espacio de dos horas y cuarenta minutos.

A continuación fue el turno del investigado, Jesús Rodríguez Recio, presunto testaferro de Delgado, cuyo interrogatorio se fue a las tres horas largas.

Tomás Ciria relató el proceso seguido respecto de la tramitación de las autorizaciones de los distintos parques y que, según el letrado de EA, pone de manifiesto que eran concedidos por el viceconsejero Rafael Delgado y el entonces consejero Tomás Villanueva, respectivamente, «y una forma de hacer, posiblemente general, pero especialmente practicada en Castilla y León», declaró.

El acusador popular se refirió así a la política del «saber lo que hay pero no querer decir nada y sólo en casos extremos poner algún reparo porque lo que se estaba haciendo constituía un abuso. Ha dado a entender que la tramitación de parques eólicos se convertía para él en algo insoportable».

Ante lo declarado por el testigo, el abogado de Ecologistas en Acción no ocultó su sorpresa por el hecho de que su testimonio haya sido en calidad de testigo y no de investigado. «El Fiscal Anticorrupción ha sido muy benévolo con él, porque podía estar aquí como investigado», sentenció.

El abogado Jesús Rodríguez Recio, presunto testaterro u ‘hombre de paja’ de Rafael Delgado y quien, supuestamente, manejaba el dinero de este último a través de distintas empresas, una de ellas Nehmo Holding, e incluso, amparado en la amistad desde la infancia, pagó numerosas facturas del ex viceconsejero, defendió todas las operaciones y sociedades con absoluta normalidad.

«Su declaración abunda en la idea de que es un hombre de paja pues mantener que una empresa suya pagó 600.000 euros a Rafael Delgado cuando éste salió de la Junta, un préstamo no documentado y que no se sabe cuándo se va a devolver, demuestra en un mil por mil de los casos que estaba devolviendo un dinero que no era suyo», resumió Emilio Martínez.