Sacyl zanja con una dimisión las polémicas instrucciones a los médicos

La subdirectora médica responsable del área quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos, Ana Lucía Fernández Eroles, preparó una reunión semanal con jefes de servicio a principios de marzo redactando un documento con pautas sobre cómo reducir la lista de espera quirúrgica del HUBU. La cita coincidía en vísperas del «cierre del primer trimestre», que, según dejó escrito «es fundamental para el HUBU y para el Sacyl en general». De ahí que se pusieran sobre la mesa fórmulas para rebajar esa demora quirúrgica, alguna de ellas muy polémica.

Según ha podido saber este periódico la gerencia del hospital tenía conocimiento de este documento interno que sirvió para debatir las propuestas de mejora de las listas de espera con los integrantes de la subcomisión de programación quirúrgica, órgano que reúne cada semana a los responsables de los servicios que llevan a cabo intervenciones para evaluar, planificar y coordinar la actividad de los quirófanos.

Ese borrador, acabó en manos de la plataforma por la Sanidad Pública que se lo hizo llegar al procurador de IU José Sarrión que lo hizo público en el Pleno de las Cortes del martes, justo después de que se conocieran las cifras oficiales de la lista de espera del primer trimestre, dando pie a una polémica que le ha costado el puesto a la subdirectora del área quirúrgica, que ayer mismo presentó su dimisión.

Sin embargo la versión oficial es que Fernández Eroles redactó el escrito por su cuenta sin darlo a conocer a sus superiores y que no lo entregó como instrucciones obligatorias a los jefes de servicio, sino que se trataba de sus propias ideas sobre como mejorar las listas de espera. Eso sí, en papel oficial con los membretes de Sacyl y el Complejo Asistencial, como se observa en la imagen adjunta.

Pero, con esta aclaración y la dimisión -que no el cese por orden superior- de Fernández Eroles la Consejería de Sanidad y la propia Gerencia del HUBU daban por zanjada la polémica que, según adelantaba ayer este periódico, nacía al difundirse una imagen del texto en cuestión, que el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, trasladó a las Cortes para denunciar el «maquillaje» de los datos.

Aunque las fuentes de Sacyl consultadas coinciden en rechazar esta acusación, reconocen lo «desafortunado» del punto cuarto del listado de propuestas, que se destaca en la imagen contigua, pero aseguran que se ha «malinterpretado» y que, en ningún caso y pese a que literalmente así figura en el texto, supuso orden alguna de «contener la entrada de pacientes en lista de espera».

Esta frase, de hecho, motivaba el tirón de orejas inicial de Sanidad que por considerar que la medida que plantea no es adecuada y contradice la regulación existente y las líneas de trabajo en este ámbito.

En concreto, el consejero Antonio Sáez Aguado, que fue el único responsable público en salir a explicar lo sucedido, recordaba que la inclusión de los pacientes en las listas de espera debe realizarse «el mismo día o el día siguiente a que lo haya indicado un facultativo» y no postergarse hasta final de mes tal y como sugiere la nota redactada por Fernández Eroles. Por su parte, tanto la Gerencia del HUBU como los integrantes de la citada subcomisión manifestaban ayer su «sorpresa» por la dimensión que cobraba este asunto y por la dimisión debido al «malestar generado». De hecho, distintos responsables de servicio, en conversación con este periódico, lamentaban la marcha de Fernández Eroles, cuyo trabajo recibía una alabanza unánime.

El jefe de Traumatología, José Manuel Perales, confesaba sentir «frustración» por las consecuencias de esta «mala interpretación» empleada, a su juicio, con fines políticos. «Es triste que se ponga en duda el esfuerzo que realizamos por mejorar. Nos dejamos la piel para dar la respuesta adecuada a los pacientes con los recursos de los que disponemos», señalaba, para garantizar que «no existen presiones de ningún tipo».

En la misma línea se expresaban otros compañeros y subrayaban que en la actualidad «es imposible maquillar datos, pues el sistema informático refleja cada decisión».

Por su parte, el máximo responsable del complejo, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, quien no negó conocer el escrito atribuido a Fernández Eroles y que tampoco promovió su cese al conocerlo, insistía en que la gestión de la lista de espera corresponde a cada servicio y son los profesionales los que, a partir de criterios clínicos, indican qué pacientes precisan una intervención y con que prioridad debe atenderse su caso.

Respecto al resto de puntos del texto que suscitaba la controversia, el parecer era también unánime entre los facultativos consultados. Se trata de actuaciones incorporadas con normalidad al trabajo de gestión de listas de espera en los últimos años. Así lo interpretaba de hecho el propio Sáez Aguado, que consideró que, excepto en el punto ya citado, el documento cumple «con carácter general» el Real Decreto del Ministerio de Sanidad y la normativa de la Gerencia Regional de Salud.

Indicó en este sentido que en él «se habla de establecer las prioridades clínicas, de actualizar las listas en el sentido de que debe estar quien debe estar incluido y de que en ocasiones hay personas que siguen incluidas en listas cuando por motivos clínicos no deberían estar», cuestiones «lógicas» en la gestión de las listas de espera.