Castilla y León ‘penaliza’ las herencias, pero ‘bonifica’ el IRPF y el Patrimonio

Pagar impuestos supone para muchos un fastidio, para otros un acto de solidaridad, pero quien más o quien menos se cuestiona si son justos. A la espera de que se concrete un nuevo modelo de financiación autonómica, que determinará un nuevo diseño de los impuestos propios y cedidos a las comunidades autónomas, la foto fija que arroja la fiscalidad autonómica en 2017 revela que la presión fiscal de Castilla y León, en relación a otras automomías, es «baja», salvo por el impuesto de sucesiones y donaciones.

«No es fuerte», dice el decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos Margarida, y lo confirman los datos. Castilla y León ‘bonifica’ más que otras autonomías el IPRF y el Patrimonio, pero ‘penaliza’ las herencias y las donaciones en mayor medida. Esa situación se mantiene inalterable en 2017, al no haberse introducido ningún cambio.

Así, Castilla y León es la segunda Comunidad que grava con menor IRPF a las rentas medias y también a las altas, e incluso a las súper altas (en las más bajas pierde una posición). Sólo Madrid le aventaja en eso de ‘bonificar’ la gran mayoría de las rentas del trabajo.

El informe del Consejo de Economistas es prolijo en ejemplos que ilustran lo que paga un castellano y leonés en concepto de cada impuesto, y lo pone en relación con el resto de autonomías. En el caso del IRPF un contribuyente soltero y sin hijos, con una renta bruta de, por ejemplo, 16.000 euros abonará 1.439 euros, lo que significa 30 euros menos que la media de España. Pagaría cinco euros más que un madrileño, pero 172 euros menos que si viviera en Cataluña (la Comunidad que más ‘castiga’ a las rentas hasta los 30.000 euros).

En el caso de que el asalariado gane un sueldo medio de 30.000 euros, deberá abonar en concepto de IRPF un total de 4.880 euros anuales, 91 menos que en el promedio del país. Por encima de los 70.000 euros, un castellano y leonés sin hijos se ahorra 298 euros anuales en comparación con otro español. Y así sucesivamente.

Todo ello porque el tipo mínimo atonómico del IRPF castellano y leonés bajó el pasado año del 10% al 9,5% para los primeros 12.450 euros, lo que sumado al gravamen estatal del 9,5%, da un tarifa mínima del 19%. El tope máximo se sitúa en el 44% para todos aquellos que perciben ingresos por encima de los 53.407 euros. De esta cantidad, el 22,5% es la cuota estatal -fija para todas las regiones- y el 21,5% corresponde a la cuota autonómica.

Esa posición aventajada de Castilla y León se replica con el impuesto del Patrimonio, aquel que grava la riqueza neta del contribuyente y que, con carácter general, se aplica a partir de y la los 700.000 euros. La Comunidad se sitúa como la tercera autonomía con el impuesto más bajo.

Según el informe, un castellano y leonés con un patrimonio de 800.000 euros debe pagar en la Comunidad 200 euros, frente a los cero euros de Madrid, al estar allí completamente bonificado. Los aragoneses, en cambio, tendrían que sufragar casi seis veces más (1.164 euros) por la misma cantidad de patrimonio. Lo mismo sucede si el patrimonio supera los cuatro millones de euros, e incluso los 15 millones.

La cruz de esta moneda tributaria la representa el impuesto de Sucesiones. En este sentido, los contribuyentes castellanos y leoneses figuran entre los que más tributan de todo el escenario nacional. En concreto, la Comunidad se alza hasta la quinta posición con un impuesto más caro.

A eso se ha llegado después de que el Gobierno de Juan Vicente Herrera decidiera restituir ese impuesto en 2013, tras un lustro eliminado, como vía para lograr fondos suficientes que garantizaran los servicios públicos fundamentales ante la situación de crisis económica.

«Castilla y León necesitaba dinero y era la única fórmula», recuerda Margarida, para quien, «a medida que se vaya generando actividad económica, este impuesto, el más injusto de todos, debe irse reduciendo e incluso eliminarlo».

Y siguiendo con los ejemplos, un soltero de 30 años que reciba una herencia de 800.000 euros, de los que 200.000 correspondan a la vivienda del fallecido, en Castilla y León pagaría 125.643 euros. Son 84 veces más que un cántabro. Por no hablar ya de la diferencia abismal con Canarias, donde sus habitantes sólo tendrían que aportar 134 euros por esa herencia.

Exclusivamente los andaluces, extremeños, aragoneses y asturianos deben hacer frente a un mayor esfuerzo para aceptar la herencia.

El caso es muy similar si hablamos de donaciones. Castilla y León vuelve a codearse con las autonomías que mayor gravamen aplican. En esta ocasión se aúpa hasta la cuarta posición. Si ese mismo joven recibe de su padre o madre 800.000 euros en dinero en efectivo tendría que pagar 200.122 euros, frente a los 200 euros en Canarias y los 2.000 euros de Madrid.

La transmisión de un inmueble de 150.000 euros en Castilla y León conlleva un gasto de 12.000 euros (3.000 menos que en Cataluña, pero 4.000 más que en Madrid). Escriturar la compra de una vivienda nueva por esa misma cuantía que no sea la habitual cuesta 2.250 euros en la Comunidad.

Ese máximo es compartido con otras nueve autonomías. En Madrid, de nuevo, la más barata.

Tras este recorrido, los expertos apuestan por una armonización entre las diferentes autonomías, habida cuenta de que todas ellas, en mayor o menor medida, han abusado de su capacidad normativa. con reducciones, deducciones o bonificaciones, lo que «dificulta el control». Castilla y León tiene 39 bonificaciones.

Dos únicos tributos propios en Castilla y león frente a los 14 de Cataluña

España presenta un rompecabezas tributario enrevesado. Hasta 79 impuestos propios tienen las distintas autonomías, aunque algunos están en suspenso, otros bonificados al 100% e incluso declarados inconstitucionales, según recoge el informe del Consejo General de Economistas. Persisten en ello a pesar de que la recaudación por esos impuestos propios sólo representa el 2,2% de la recaudación tributaria de las comunidades en 2015 (último dato disponible).

Castilla y León, sin embargo, sólo ha optado por imponer dos tributos propios, frente a los 14 que tiene vigentes Castaluña o los 8 de Andalucía. Es, por tanto, la Comunidad, junto a Castilla-La Mancha, que menor uso ha realizado de esa posibilidad. Los tributos propios se refieren al impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos de agua embalsada, por los partes eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, así como el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.