PLENO DE LAS CORTES
El Ecyl tarda hasta 2 años en expedir certificados de profesionalidad a parados
Las Cortes le dan un año para que aplique la normativa, que marca un máximo de seis meses / Apoyo unánime a una moción de IU
Vox, en un foro abierto para militantes del PP.-JAVIER BARBANCHO
El acuerdo alcanzado ayer en las Cortes sobre políticas activas de empleo, a partir de una moción de Izquierda Unida, sacó a la luz el incumplimiento por parte de la Junta de su propia norma en la expedición de certificados de profesionalidad a los parados que han seguido cursos de formación. Hasta dos años tardan en resolverse estas certificaciones, cuando la propia legislación autonómica da un plazo máximo para hacerlo.
No era la primera vez ayer que el procurador de IU, José Sarrión, denunciaba esta circunstancia. De hecho, la moción aprobada era fruto de una interpelación, e incluso, el día anterior, el portavoz del Grupo Mixto había insistido en ello en su pregunta al presidente de la Junta durante la sesión de control al Ejecutivo. Pero sí es la primera vez que las Cortes deciden, de forma unánime, dar un toque de atención a la Junta para que agilice estos certificados. Aunque la victoria de Sarrión fue más bien pírrica, pues, para favorecer el consenso, aceptó modificar algunos puntos de su propuesta a petición del Grupo Popular. De este modo, el acuerdo de la Cámara aplaza hasta un año el plazo a partir del cual el Ecyl deberá expedir los certificados de profesionalidad antes de seis meses.
En la defensa de su moción, el procurador de Izquierda Unida exigía que estos documentos acreditativos se resolvieran «en el plazo que marca la normativa, ni más ni menos», que son los seis meses. Sarrión advirtió de que, en estos momentos existe un retraso de dos años, algo que tachó de «vergonzoso, máxime cuando supone una «discriminación» para los ciudadanos de Castilla yLeón respecto a los de otras comunidades. En algunas de ellas, según dijo, los certificados se entregan en una semana.
El acuerdo adoptado ayer en materia de políticas activas de empleo insta a la Junta a que «antes de un año» dé cumplimiento al compromiso de expedición de los certificados de profesionalidad en el plazo máximo de seis meses». Propone también que se apruebe la concesión definitiva de subvenciones para acciones de formación profesional a desempleados, en su modalidad de oferta –conocidos como cursos FOD– «durante los tres primeros trimestres de cada año».
De nuevo el deseo de consenso llevó a Sarrión a rebajar sus pretensiones, ya que en su moción fijaba el plazo en el primer semestre del año. El procurador aseguró que la concesión de estas subvenciones se está atrasando hasta el 31 de octubre. «Si añadimos los 20 días obligtatorios que tiene que tener el centro para impartir un curso, estamos haciendo perder tiempo a los desempleados, meses para formarse, lo cual les está creando una situación de discriminación respecto a otras comunidades que lo hacen antes», argumentó.
La moción aprobada por las Cortes también propone que en los cierres de ejercicios presupuestarios que se realicen antes de diciembre se excepcionalicen siempre las políticas activas de empleo. Sarrión justificó esta petición en que las políticas de empleo «son exactamente igual de importantes» que las relativas a sanidad, educación o servicios sociales. Por tanto, añadió, los cursos a desempleados «tienen que situarse al mismo nivel que cualquier otro servicio social prioritario».
Otros aspectos recogidos en el acuerdo piden que el Ecyl unifique en una web toda la oferta ocupaciona, así como que se pague el importe de becas y ayudas al transporte manutención y alojamiento en el plazo máximo de tres meses.
El popular Raúl de la Hoz, defendió que Castilla y León dispone de un buen sistema de formación para desempleados, si bien reconoció que el sistema es «mejorable». En su intervención, destacó los 78 millones destinados a políticas activas de empleo, la aplicación de fondos propios, y unos niveles de inserción del 40%. Este mismo datofue utilizado por el socialista Óscar Álvarez para cuestionar la gestión del Ecyl en políticas activas de empleo. Añadió, de acuerdo con el informe del CES, que las partidas para formación han caído y que la ejecución presupuestaria solo llegó al 88%.
Adela Pascual, de Podemos, se mostró partidaria de «hacer algo diferente, después de demasiados años de conformilismo reconocido por los planes y programas» de la Junta. La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado abogó por mejorar la formación a empleados y parados a largo plazo, así como por aprovechar los recursos procedentes de Europa.