Declara ante el juez la guardia civil que optó por un chaleco antibalas propio

La guardia civil destinada en Salamanca, que afronta la instrucción de un delito militar por insubordinación al vestir su propio chaleco antibalas frente al oficial, el pasado mes de agosto, prestó declaración esta mañana ante el Juzgado Togado Militar Territorial Número 42, en Valladolid. La agente, Alicia Sánchez, que alegó en su momento que el chaleco oficial “no se adaptaba a su anatomía y por lo tanto no la protegía”, se enfrenta a una pena máxima de seis años de prisión.

Representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que acompañaron a Alicia Sánchez en su declaración, consideran que el caso supone “una absoluta sinrazón, una situación que se ha sobredimensionado”. Sotienen en un comunicado que “no debería haber salido del contexto de la gestión ordinaria de personal ni del Régimen Disciplinario interno de la Guardia Civil”.

Según fuentes de la asociación, “el hecho de que la compañera afronte una posible condena por delito militar vuelve a poner de manifiesto, una vez más, el despropósito que supone la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales”. A su jucio, se trata, de una situación que “revela la situación de discriminación de las mujeres en la Guardia Civil, a las que se les impone el uso de unos chalecos antibalas diseñados para hombres bajo la excusa de que se trata de prendas `unisex´”.

Como explican en el escrito, “es un hecho que el chaleco femenino no está contemplado como equipamiento de protección individual en la Guardia Civil, lo cual deja desprotegidas a todas las agentes, que se ven obligadas a vestir unas prendas que no se adaptan a su anatomía y las dificulta incluso el acceso a sus armas reglamentarias”. Por el contrario, como manifiestan desde la AUGC, en otros cuerpos policiales, como la Policía Nacional, “sí se está valorando la equipación de las agentes con chalecos adaptados, contemplando para ello hasta siete tallas”.

Desde la AUGC reiteran su petición para la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil “corrija esta grave deficiencia que pone en peligro la seguridad de las trabajadoras de la institución”. También esperan que “el nuevo ministro del Interior se pronuncie sobre este caso que esperemos finalice dentro de unos cauces de sentido común”, como manifiestan.