La Junta cita un informe pericial en defensa del precio pagado en Portillo

La Junta de Castilla y León está personada, a través de la Consejería de Economía, en la instrucción judicial sobre el edificio de Arroyo, conocido como la Perla Negra, y los terrenos del fallido polígono industrial de Portillo desde el pasado mes de mayo. Así lo aclaró ayer la portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos, que respondía a la duda surgida ante la falta de respuesta al conflicto de intereses detectado por el fiscal cuando se anunció dicha personación. El PSOE quiere saber, y así lo preguntará en las Cortes, «en calidad de qué» está personada la Junta, si «como perjudicada o en defensa» de algunos de los investigados. La Junta defendió también el precio pagado por los terrenos de Portillo basándose en un informe pericial independiente.

La personación de la Junta la anunció la consejera de Economía, Pilar del Olmo, en mayo tras conocerse presuntas irregularidades en la adjudicación sin concurso más de cuatro millones de euros en mobiliario para el edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda. En ese hecho apreciaba perjuicio para la Administración, pero no en el resto de la causa, por lo que pedía que el juez abriera una pieza separada. El juez denegó esta última petición, pero la Junta había previsto ya esa circunstancia en el mismo escrito y se personaba en toda la causa si no había pieza separada.

Lo que quiere saber el PSOE, según explicó ayer el procurador Javier Izquierdo, es cuál es la respuesta que dio o va dar al Juzgado número 2 de Valladolid que en una providencia fechada el 9 de junio ordenaba: «requiérase a la Junta de Castilla y León y a sus Servicios Jurídicos para que aclaren si puede existir un conflicto de intereses por la defensa conjunta de la Consejería [de Economía] como perjudicada y alguno de los investigados». Ayer, fuentes de la Junta no pudieron aclarar si se había producido respuesta.

La providencia es consecuencia de que la Fiscalía de Valladolid advirtió un posible «conflicto de intereses», debido a que «los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla yLeón están realizando la defensa de alguno de los investigados».

Milagros Marcos manifestó la semana pasada que le parecería razonable que se pidiera el archivo de la causa después de conocer el segundo informe pericial sobre la Perla Negra, que indica que la compra del edificio fue a un precio por debajo del mercado. Preguntada ayer por la adquisición de los terrenos de Arroyo, sobre los que la Intervención del Estado dice en un informe que se pagó un sobrecoste de 16,7 millones de euros, la consejera aludió a un informe pericial independiente que sitúa el precio por debajo del mercado, informe cuya existencia no se conocía hasta que lo desveló ayer Milagros Marcos.

Precio «desorbitado»

En el PSOE, sin embargo, afirman que no tienen constancia de ese informe pericial y se apoyan en el más reciente del Estado para afirma que el precio pagado fue «desorbitado», en palabras del procurador Javier Izquierdo, muy por encima de los 20 euros el metro cuadrado que en las mismas fechas pagó la Junta a agricultores de Cigales en una expropiación.

Izquierdo afirmó en rueda de prensa que hubo un «pelotazo descomunal». Señaló que las empresas que vendieron a la Junta habían comprado 14 parcelas rústicas por 169.000 euros por las que el Gobierno pagó 12,8 millones de euros.

En el caso del Edificio de Arroyo, Izquierdo afirma que, aun aceptando una tasación con la que no está de acuerdo, de 57 millones de euros, el sobrecoste se produce cuando la Junta paga 70 millones de euros, IVA incluido, cundo debía haber abonado 60. El sobreprecio se produce al volver a pagar obras ya incluidas en el contrato inicial. Además, explicó Izquierdo, la Junta se hizo cargo de casi 4 millones, sin IVA, de la carga financiera del constructor, lo que le supuso 4,5 millones a la Junta. A eso se suman los 4,5 millones por el mobiliario adjudicado sin concurso a «la misma empresa que contrató Bárcenas» para las obras de la sede del PPen Madrid.

Izquierdo cifró el «desfalco» total en 32 millones de euros, lo que le hace quedarse «perplejo» ante la petición de archivo de la causa de la portavoz de la Junta.

La oposición insiste en las críticas por la comisión eólica

La oposición mantiene la presión sobre el Partido Popular para «desbloquear» la comisión de investigación de las Cortes sobre la trama eólica. Hoy, el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León José Ignacio Delgado ha convocado una rueda de prensa «para analizar cuestiones relacionadas con la paralizada Comisión de las eólicas».

Ayer, el procurador socialista Javier Izquierdo, en una rueda de prensa para denuncia el «saqueo que se ha producido en los casos de Arroyo y Portillo», aprovechó también para criticar la paralización de la comisión eólica, de la que dijo que «está con rigor mortis». Además, afirmó que el presidente de la comisión, Juan José Sanz Vitorio, «ha sido premiado por su actuación de bloqueo». El procurador aludía así al nombramiento, el pasado martes, de Sanz Vitorio como portavoz del Grupo Popular, después de que el anterior, Carlos Fernández Carriedo, haya pasado a formar parte del Gobierno como consejero de Empleo.

Ante las constantes críticas de la oposición, con Podemos e Izquierda Unida incluidos, el Partido Popular acusa a la oposición de ser la responsable del bloqueo, por insistir ahora en la comparecencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. El propio Sanz Vitorio manifestó esta semana que la lista de comparecencias está hecha y que no impide que se pueda citar a declarar a otras personas si se considera necesario como consecuencia de las declaraciones que se produzcan.