Acuerdo histórico entre universidades y Junta para ordenar las titulaciones

Las nueve universidades de Castilla y León –cuatro públicas y cinco privadas– sellaron ayer una suerte de tregua para no competir unas con otras en la atracción de alumnos y para reforzar su especialización con el objetivo de hacerse un hueco en el escenario nacional e internacional. El acuerdo, forjado por la Consejería de Educación, pretende trazar un nuevo mapa de titulaciones «más eficiente y competitivo, que aproveche las potencialidades de la Comunidad y se adapte a las necesidades de los sectores productivos», resumió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la presentación de este pacto «pionero en España».

Con esta firma, las universidades aceptan limitar la implantación de nuevos estudios en los próximos tres cursos. En concreto, las cuatro públicas renuncian a incorporar nuevos grados a su oferta. En cuanto a los másteres, sólo podrán incluir algunos de los 34 que figuran en el anexo del acuerdo y que se reparten entre las universidades de Burgos, León,Salamanca y Valladolid. Salirse de este marco sólo sería posible «si existe un consenso unánime» de los cuatro rectores y la Consejería.

Las universidades privadas también renuncian, en parte, «al crecimiento al que jurídicamente podrían tener derecho». Podrán implantar nuevos grados y másteres pero, de nuevo, sólo aquellos que figuren en la lista acordada. Aunque en este caso es el sector privado el que asume el coste de poner en marcha una nueva titulación, «sin recursos públicos», matizó el jefe del Ejecutivo, «es deseable que no se produzca un crecimiento desordenado» de la oferta académica.

El acuerdo rubricado ayer incluye otro compromiso, «sin precedentes» en otras autononomías y que atañe a las nueve universidades de la Comunidad, que renuncian a recortar los grados de cuatro a tres años, tal y como estableció el polémico sistema 3+2 diseñado por el exministro Ignacio Wert. Ni las públicas ni las privadas crearán ‘licenciaturas’ de tres años salvo que sean «totalmente nuevas» tanto en nombre como en contenidos. O cuando exista un «acuerdo unánime» entre todas las universidades «que las impartan» . 

Este veto «elimina el elemento pernicioso» de que, por ejemplo, exista un grado de Derecho de tres años en una universidad mientras en otra se imparten los mismos estudios manteniendo los cuatro cursos de duración, ejemplificó Herrera, consciente de que esa disparidad supone «la competencia desleal».

Además, se modificará la Ley de Universidades para implementar un «preciso catálogo de infracciones, sanciones y una inspección permanente ad hoc» que asegure el cumplimiento del marco normativo, un mecanismo con el que ya cuentan otras autonomías.

Otro de los puntos acordados es la creación de un consorcio para que las cuatro universidades públicas trabajen en red en la gestión y promoción de sus estudios online y semipresenciales, «que son imparables», apostilló Herrera. Además, Burgos, León, Salamanca y Valladolid crearán en octubre de 2017 un nuevo programa de postgrados estratégicos, dado que es en estas titulaciones donde reside «la clave» de crecimiento de las universidades públicas.

Las nuevas ‘coordenadas’ en el mapa de titulaciones deben entenderse en el contexto nacido con el Plan de Bolonia y tras el real decreto que en 2007 liberalizó la oferta de estudios en España. Desde entonces, la proliferación de titulaciones ha sido «exponencial», recordó Herrera:de las 324 que había en 2008 en Castilla y León a las 544 del curso actual. Con este panorama, la Junta quiere garantizar que se impartan «todos los estudios de interés, sobre todo los innovadores y los que contribuyan a hacer más sostenibles los campus», pero al mismo tiempo«sin solapamientos ni reiteraciones ineficaces».

El presidente Herrera reconoció que «es evidente» que estos acuerdos «no solucionan de un plumazo» los «múltiples problemas y retos a los que se enfrentan nuestras universidades», pero ensalzó que «sí significan un avance» para «poner las bases» de un sistema «más racional».

En la gestación del acuerdo también ha tenido voz «el conjunto de la sociedad», ya que agentes económicos, sociales y representantes de entidades locales participaron en el grupo de trabajo constituido el pasado mes de diciembre para elaborar este pacto.