Una mano tendida al otro lado de las rejas

Apúntate al abogado los viernes’, corre la voz en el patio de la cárcel. Y llega el día.

Hablan en el locutorio, mediante un interfono y a través de un cristal con rejas. Si deben compartir documentos, el funcionario se encarga de pasarlos al otro lado. En pocos minutos, el reo pone al día de su situación al letrado. Él toma nota, decide qué procede, se apunta los ‘deberes’ y recibe al siguiente.

No es una visita al uso. Para algunos presos, es la única de la semana, del mes e incluso del año; su contacto con el exterior durante todo el cumplimiento de su condena. Para todos, son esa mano tendida que hará que sus demandas sean escuchadas, que resolverá los problemas que tienen solución legal y que tramitará sus deseos de traslados, permisos, recursos...

Como cada último día laborable de la semana, los dos letrados que se desplazan hasta el centro penitenciario vallisoletano de Villanubla se encuentran con alrededor de una veintena de peticiones de internos que requieren del servicio de Orientación y asistencia jurídica penitenciaria.

En este programa participan más de un centenar de profesionales de la abogacía de Castilla y León. Es gratuito, lo gestionan los colegios de abogados y también se presta en las prisiones de Salamanca, León, Burgos y Palencia.

«Es triste, pero cuando una persona más necesita un abogado es cuando está en la cárcel». Lo asegura Ana Arranz, una de las letradas que está decidida a «no dejar desamparados» a los reclusos, y lo suscribe el resto de un equipo, en Valladolid, que comparte la misma convicción y lo traslada a la práctica.

Otro de los integrantes de esa red, Alfonso Fernández, describe una situación «de angustia». «El problema más gordo, donde hay más soledad, es a partir de la sentencia. Ahí empieza la caída libre».

La coordinadora del servicio en Salamanca, Teresa Moro, curtida en este reto desde hace más de una década, explica que la justicia gratuita, la que presta el turno de oficio, «sólo cubre los recursos de apelación y no los problemas que puedan surgirles cuando están en la cárcel».

Moro señala que algunos reclusos cumplen condena lejos de la ciudad donde cometieron el delito y en la que fueron juzgados, por lo que «se quejan mucho de que no conocen a su abogado».

Varios letrados vallisoletanos, de un equipo formado por una treintena, añaden que «muchos no ven a un abogado desde que entran hasta que salen».

Estos letrados del programa de Orientación y asistencia realizan gestiones sobre la vida penitenciaria de los reos. Están relacionadas con el cumplimiento de las penas, pero también con algún aspecto más social, como la conexión con su familia o con los abogados que llevaron sus causas, o con la tramitación de un letrado del turno de oficio para una posible apelación.

Cuentan que gran parte de las cuestiones que abordan son recursos sobre la pena impuesta, sobre el grado en el que han sido clasificados o peticiones de permisos y de traslados de centro penitenciario.

Lo que puede parecer mera burocracia o papeleo en prisión, trasciende a muchos más ámbitos, sobre todo al más personal. Se convierte en un salvoconducto. «Excede lo penitenciario. Cubrimos una parte social muy determinante», comenta Ana Arranz, coordinadora de este servicio para el centro vallisoletano de Villanubla. «Somos su nexo con el exterior cuando les falta lo más importante en la vida, la libertad. En realidad, lo que somos es simple, defendemos los derechos humanos», apostilla, antes de la reunión semanal del servicio para la puesta en común de los asuntos en marcha.

En ese encuentro, dos de las más veteranas, Rocío Matilla y Marta Díaz, subrayan esta explicación e ilustran cómo surgió la iniciativa. «El mundo penitenciario es otro mundo, están allí apartados», critica Rocío e indica que el servicio nació en Valladolid en 1995 porque «quedaban aislados». «Ni el propio abogado que le llevaba el asunto seguía asistiéndole al ingresar en la cárcel porque no era su competencia. Nadie se hacía cargo de sus necesidades jurídicas y sociales», lamenta. Marta añade que «no existía nada, no subía a prisión nadie y había que hacer algo».

Otra abogada que está con ellas, Ana González, cuenta por qué nunca sucumbió al desánimo cuando, por tanto esfuerzo, dudó si seguir en esta labor que apenas está remunerada y conlleva una implicación elevada. «Te das cuenta de que si nosotros lo dejamos, los dejaríamos en la absoluta indefensión porque la mayoría no tiene recursos».

La coordinadora asiente y apunta que «la mayor parte de los presos no tiene medios económicos, ni habilidades sociales ni demasiada formación».

Entre todos describen cómo la sombra de la crisis económica sobrevuela su trabajo. «Cada vez se ha ido notando más. A principios de mes vemos muchos coches y, a finales, casi ninguno», apunta Ana Arranz, que denuncia que no existe transporte público para llegar al centro penitenciario de Villanubla. «No todos los familiares pueden pagarse la gasolina o el traslado y, menos, si vienen de otra provincia», sostiene.

Por ello, además de tramitar lo que requieran, también reciben peticiones para contactar con allegados.

Por lo general, el abogado desconoce qué asuntos va a tratar hasta que accede al centro penitenciario. Los reclusos que asisten cada viernes rondan la veintena y siempre atienden «a todos». «Tenemos que responder sobre la marcha, aunque la mayor parte son recursos y cuestiones en las que adquirimos experiencia», señalan.

Estos profesionales esperan que cierta improvisación quede resuelta en septiembre, con la creación de una base de datos digitalizada, una de las reivindicaciones históricas del servicio. Confían en que, con esta herramienta, sirvan unos minutos para conocer el histórico legal de los reclusos y eso facilite el desempeño de su labor.

Sus ‘clientes’ son viejos conocidos. Muchos repiten, aunque, por el propio funcionamiento del servicio, no siempre el mismo letrado ve a un interno a lo largo de su estancia penitenciaria. Cada asunto lo lleva el profesional que se desplaza al centro penitenciario el día que surge esa cuestión.

Sobre la asiduidad de los presos indican que «va por rachas», que «siempre hay quien lo quiere recurrir todo y quien acude un tiempo hasta que se resuelve lo que esté pendiente».

La pareja de letrados que se desplaza a prisión efectúa los primeros días de la siguiente semana los trámites oportunos de todos los presos con los que se han entrevistado. De ahí la importancia de las reuniones informativas semanales en las que se ceden el testigo, ponen en común los casos vistos y los pendientes, se traspasan los documentos que deben regresar a la cárcel –para entregar a los internos o para que éstos los firmen– y consultan cómo abordar algún asunto si tiene especial complejidad. «Es una materia viva. No sabemos muchas veces a qué artículo acudir porque son asuntos especiales.Por ejemplo, si es un divorcio, no es como cualquier otro sin más, así que la opinión del resto ayuda», indica Ana Arranz.

Para poder formar parte del servicio de Orientación y asistencia penitenciaria resulta obligatorio que los abogados lleven tres años colegiados y que realicen cada año un curso de reciclaje, aunque algunos confiesan que colaboran desde antes, aunque en menor medida.

Su formación también abarca otros ámbitos, como los de extranjería, porque muchos reclusos son inmigrantes y, además, presentan dificultades por el idioma.

Aunque el resto de la semana cada abogado atiende sus propios casos y la actividad de unos y de otros difiere, tienen en común lo principal: la motivación personal para participar en este servicio, la implicación y cierta rebeldía por cómo funciona el sistema legal y el penitenciario.

Al cruzar la puerta de la cárcel de Villanubla, después de acreditarse, lo primero que observan Ana Arranz y el resto de letrados del servicio de Orientación y asistencia jurídica penitenciaria es una placa.

La chapa reproduce el artículo 25.2 de laConstitución, que define el objetivo de ese lugar: ‘Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social [...]’.

Sin embargo, este grupo de abogados está desengañado al respecto y critica que no se tomen medidas por este objetivo. «Son como una sociedad paralela. La gente está en la más absoluta soledad, la cárcel es un castigo y la reinserción es lo de menos. La sociedad los da la espalda, justificándose en que han cometido un delito, en vez de ser conscientes de esa realidad y tratar de que se reintegren», indica otro de los miembros de este batallón legal, Jaime Sáez, y los suscriben prácticamente todos los presentes en la reunión.

«Lo pones en relación con el resto de cosas y te das cuenta de que es mucho más trascendente que el 90% de lo que trabajamos en el despacho», comenta el abogado Alfonso Fernández, aunque podría decirlo cualquier colegiado que orienta y asiste a los presos en las cárceles de Castilla y León. «Terminamos con parte de su angustia al mostrarles que cuentan con alguien».

«HACEMOS UNA LABOR SOCIAL FUNDAMENTAL Y NO SE NOS RECONOCE. EL ESTADO NI NOS PAGA»

Uno tras otro, los abogados que prestan Orientación y asistencia jurídica penitenciaria en algunas cárceles de Castilla y León, responden que los motivos de formar parte de este engranaje legal responden a querer echar una mano a quien no ve cubiertas todas sus necesidades legales. «Si el servicio se mantiene, es por el amor a lo que hacemos. Es absolutamente vocacional», asegura Álvaro Rizo, uno de los abogados que participa en el centro penitenciario de Villanubla.

De lo que no existe duda es de que la motivación económica no mueve a ninguno. Es más, la exigua remuneración por esta labor es una de sus mayores reivindicaciones que, por ahora, no ha sido escuchada y continúan defendiendo.

Todos destacan la importancia de la labor que realizan y la contrastan con el escaso reconocimiento público que reciben. Critican que, en contra de lo que sucede con el turno de oficio, no lo abona el Estado. «Hacemos una labor fundamental. El servicio nos lo paga el Colegio de Abogados de Valladolid, no el Estado. Ydebería ser pagado como un turno de oficio normal. No se entiende que nosotros prestemos el servicio y nosotros nos paguemos», coinciden, y aclaran que reciben 30 euros por cada día que suben al centro penitenciario.

«El coche lo ponemos nosotros», reivindica la abogada Marta Díaz, que resalta que en la comparativa con las comunidades que tienen las competencias de Justicia transferidas la diferencia de la remuneración es «sonrojante» por lo elevada de una y lo «ridícula» de otra.

Coinciden en destacar la entrega personal. Además de dedicar la mañana del día que asisten a la prisión, la siguiente semana se encargan de redactar los recursos y de preparar los escritos.

«Intentamos tenerlos a punto los miércoles para pasarle la documentación a los compañeros que les toca el siguiente viernes y le puedan dar, por ejemplo, el recurso al interno para que lo firme», cuenta la abogada de Valladolid, Genoveva de Paz.