El TSJ mantiene a Gago en la calle

Raquel Gago seguirá en la calle hasta que resuelva el Supremo. Así lo acaba de decidir el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que desestima las peticiones de la Fiscalía y de la acusación y decide mantener la situación de libertad provisional para la policía local, hasta que sea firme la sentencia del TSJ que la condenó a 12 años de cárcel al considerarla cómplice del delito de asesinato con el agravante de atentado contra la autoridad de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco.

El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Alto Tribunal de Castilla y León niega que exista riesgo de que la policía local vaya a «sustraerse al cumplimiento de la condena» de 12 años de cárcel que los tres magistrados de la Sala, el presidente del TSJ, José Luis Concepción, el ponente Antonio César Balmori e Ignacio María de las Rivas, le impusieron el pasado día 12 al entender que Raquel Gago conoció y participó del plan de su amiga Triana Martínez y la madre de ésta y asesina confesa, Montserrat González, para matar a Isabel Carrasco. Un riesgo que fuga que sí defendían en sus escritos la Fiscalía de Castilla y León y la acusación que ejercer la hija de la presidenta de la Diputación leonesa a través de la abogada Beatriz Llamas.

En el auto, hecho público ayer y contra el cabe recurso de súplica ante la misma sala en el plazo de tres días, los magistrados entienden que «la condenada, que se encuentra en libertad provisional bajo fianza, se ha mantenido en todo momento a disposición del Tribunal». Una disposición que, continúa la resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, mantuvo «incluso después de que en el juicio oral, personal y directamente, escuchara el veredicto del Jurado que la declaraba culpable de la muerte de la presidenta de la Diputación Provincial de León, permaneciendo veinte días prácticamente condenada por asesinato y atentado, con conocimiento de lo que ello podría significar de acuerdo con las penas solicitadas y lo dispuesto en el Código Penal». Situación que se mantuvo así, según se señala en el auto en el que el TSJ rechaza el ingreso en prisión de la agente municipal, «hasta que se dictó una sentencia, para ella imprevisible, que se apartaba del veredicto y rebajaba notablemente aquellas expectativas ya asumidas y sólo pendientes de apelación».

En base a esta argumentación, que los tres magistrados de la Sala entienden como suficiente, se rechaza no solo el mantenimiento de la libertad provisional para Raquel Gago hasta que la sentencia del TSJ que la condena a 12 años de cárcel sea firme, es decir una vez que el Tribunal Supremo resuelva los diferentes recursos de casación, sino que indica «no haber lugar a la celebración de la comparecencia interesada por el Ministerio Fiscal».

Tampoco entienden los jueces de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se pueda apelar al «agravio comparativo sin más» de Gago con la asesina confesa y su hija, que permanecen en prisión, ahora en la cárcel de Villanubla, desde su declaración ante la juez de Instrucción número 4 de León. El auto del TSJ explica que «la situación personal de un reo –en este caso de Raquel Gago– no depende exclusiva ni primordialmente de la gravedad de la pena, sino de muchas otras circunstancias, entre las que figuran no sólo la mayor o menor capacidad para sustraerse a la ejecución, sino también la flagrancia de sus delitos o su condición de confesos, que no se dan en el presente caso».

EL FISCAL PIDE TRES AÑOS MÁS EN EL TS

Lo que ya ha hecho la Fiscalía Superior de Castilla y León es anunciar su recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia de 12 años de cárcel que el TSJ impuso a Raquel Gago. Según detalla el propio auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, en el que se mantiene la situación de libertad provisional para Gago, la Fiscalía anunció ya el pasado día 14 su intención de recurrir en casación.

El fiscal no comparte la opinión de los tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior castellano y leonés al dejar sin efecto la tenencia ilícita de armas y por eso decide recurrir ante el Supremo para exigir tres años más de cárcel para la policía local.

Para el Ministerio Público no se puede decir que la agente municipal no incurrió en el delito de tenencia ilícita de armas, como resuelve el TSJ en su revocación de la sentencia del magistrado-presidente del Jurado, Carlos Álvarez, cuando estuvo con el arma en su poder 30 horas hasta que decidió entregarla a la Policía utilizando en su declaración una «coartada falsa», según detalla el TSJ en su auto condenatorio del día 12.