El trámite para abrir un negocio podrá hacerse en un solo día
La Junta emprende la reducción de cargas administrativas para dinamizar la actividad
Los trámites mínimos para abrir un bar o un restaurante en la actualidad se realizan en dos meses y un día, el mismo plazo que para instalar un matadero. En una industria del sector lácteo se tarda cinco meses y un día, igual que en el caso de una planta de envasado y embotellado de vino. La simplificación administrativa que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León supone que en todos esos casos el tiempo de tramitación se reduce a un solo día.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se había comprometido a reducir al máximo las cargas administrativas y el Consejo de Gobierno aprobó ayer las medidas necesarias para hacer efectiva una medida que tiene como primer objetivo favorecer la dinamización empresarial. A partir del segundo semestre de este año ya habrá determinados tipos de empresas que podrán beneficiarse del avance.
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó las nuevas medidas que se van a poner en marcha y cuyas consecuencias serán un menor tiempo en la tramitación, una reducción del número de trámites, un «mayor acompañamiento» al empresario y una disminución del coste para el emprendedor.
Su aplicación precisará de la modificación de dos leyes, así como diversas órdenes y decretos y la implicación de varias consejerías de la Junta, que deberán trabajar en el objetivo común de favorecer la implantación empresas con una mayor coordinación entre ellas y también con otras administraciones, básicamente las entidades locales, que formen parte del proceso administrativo que requiera el negocio que se va a poner en marcha.
Para alcanzar la meta prevista lo que se va a acometer es «la racionalización y eficiencia de la Administración», que tendrá que intercambiar recursos e información.
Los mecanismos legales y administrativos necesarios para la reducción de las cargas administrativas en el inicio de la actividad empresarial se irán habilitando al tiempo que se elaborarán «mapas de procesos». Se trata de una metodología para que no sea necesario analizar de forma aislada la tramitación burocrática de una empresa, porque se establecen «itinerarios específicos para cada actividad empresarial».
De Santiago-Juárez recalcó que se produce una rebaja «en el régimen de intervención de la Administración». Un medida clave para ello es la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables y comunicaciones previas.
Por ejemplo, para la apertura de un restaurante, ya no será necesario obtener una licencia ambiental, trámite que se demora durante dos meses, sino que bastará con una «comunicación ambiental», algo que se soluciona en un solo día.
Los ejemplos estudiados por la Junta suponen la apertura del negocio en un solo día, pero eso atendiendo a los trámites básicos y obligatorios. Hay otros opcionales que también se reducen, pero que pueden llevar más tiempo. Es el caso de un bar que además quiera instalar una máquina de juego. En ese caso, actualmente precisa una autorización de instalación que se tramita en tres meses y una autorización de emplazamiento en la que se tardan tres meses. En este caso, la autorización de instalación se convierte en comunicación previa y se soluciona en un día, pero se mantiene la autorización de emplazamiento, aunque el trámite pasará de tres meses a solo uno.
Antes de que finalice el primer semestre del año estarán aprobados los cinco primeros mapas y se habrán desarrollado las medidas necesarias para el proceso de instalación de esos cinco grupos empresas. Además, se unificarán las bases de datos de la Administración. Posteriormente, cada semestre se irán aprobando nuevos mapas de procesos para los distintos sectores empresariales, para lo que se contará con la colaboración de organizaciones empresariales y entidades locales.
Para que la reducción de plazos sea posible se precisa la unificación de los registros, de forma que el empresario pueda presentar una solicitud única, independientemente el centro gestor al que se dirija con el fin de que el interesado cumplimente el menor número de instancias.