La Junta exige a Montoro que anule ya la imposición del ajuste

La respuesta legal que anunció el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, contra las medidas de ajuste que el Ministerio de Hacienda quiere imponer en Castilla y León, ya se ha producido. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, anunció en el Pleno de las Cortes que ha remitido una carta al ministro Cristóbal Montoro en la que se le exige «la suspensión de la eficacia inmediata de las medidas exigidas».

La noticia surgió en la respuesta de la consejera a una pregunta de Ciudadanos sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante los requerimientos de Hacienda sobre el déficit. La propia carta responde a las inquietudes del parlamentario Manuel Mitadiel (C’s), que ayer reclamó un cambio del modelo de financiación autonómico.

El 6 de abril, Montoro dio 15 días de plazo a la Junta para aprobar la no disponibilidad de créditos y garantizar el cumplimiento del déficit. Herrera, que consiguió la unidad de todas las fuerzas parlamentarias castellanas y leonesas para oponerse a la medida, anunció una respuesta legal. Y con la misma ley que invoca Montoro, la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Junta devuelve el golpe al titular de Hacienda en funciones.

En la carta, Del Olmo explica al ministro que la Comunidad no tiene ningún Plan de Ajuste vigente. El único que se puso en marcha en su día fue consecuencia del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores y la deuda asociada a dicho programa se amortizó anticipadamente en 2014.

La consejera recuerda también que la adhesión al Compartimento de Facilidad Financiera «no exigió condicionalidad fiscal, y por tanto ningún plan de ajuste».

Por ello, la Junta explica a Montoro que no procede aplicar a Castilla y León las medidas previstas en la ley para los casos en que hay en marcha planes de ajuste. Es decir, que el Ministerio se equivoca al exigir la aprobación de la no disponibilidad de créditos y la correspondiente retención de los mismos. Por ello, Pilar del Olmo, exige al ministro «la suspensión de la eficacia inmediata de las medidas exigidas por los graves perjuicios que se provocaría de modo directo e inmediato en la prestación de servicios públicos esenciales en Castilla y León».

La contundencia de la respuesta castellano y leonesa al ministro se endulza con información adicional en la que la Junta expresa su acuerdo con la política fiscal. En este sentido, recuerda que el presupuesto que ha aprobado para 2016 contempla un déficit del 0,3% del PIB, una meta «cuya ejecución vamos a vigilar y estar pendientes para que no se produzcan desviaciones definitivas».

Pero inmediatamente vuelve a la reivindicación, en línea con el acuerdo suscrito con todos los grupos políticos de las Cortes. Así, le insiste al ministro en que se debe corregir la «tradicional distribución injusta» del objetivo del déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas, «si atendemos al nivel de gasto público de que son responsables cada uno, y que provoca que para las administraciones autonómicas siempre resulte mucho más gravoso su cumplimiento».

Aunque el ministro es perfectamente conocedor de ello, la consejera le informa de la firma del acuerdo de todos los grupos parlamentarios. La consejera vuelve de esta forma a mostrar el músculo político de la Comunidad en esta cuestión a la hora de reiterarle a Montoro que «resulta urgente acordar un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera para la prestación de los servicios públicos que son competencia de esta Comunidad.

La carta se cierra con el mismo espíritu reivindicativo al pedir una armonización fiscal que evite «las injusticias que generan en la actualidad las diferencias que existen entre comunidades tanto en las competencias normativas de que disponen como en el ejercicio que realizan de esas competencias».