La Red ‘protegerá’ a 8.000 personas más

La Red de Protección a las Familias atenderá este año a 8.000 personas más al flexibilizar la Junta de Castilla y León los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia social y permitir la compatibilidad de varias prestaciones, hasta ahora vetada. Ese aumento en la cobertura (hasta ahora eran unos 150.000 los beneficiarios al año) es la previsión de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, cuya titular, Alicia García, presentó ayer las nuevas medidas. Éstas también servirán para agilizar el procedimiento, ya que se reconoce el cobro de las ayudas desde el mes siguiente de la solicitud, en lugar de los tres meses de espera actual.

Hoy mismo, con su publicación en el Bocyl, entrarán en vigor los cambios en la normativa, que serán de aplicación para los nuevos procedimientos pero también para aquellos trámites «ya iniciados pero no concluidos», precisó García.

Con esta reforma de la Red de Protección, el Gobierno autonómico atiende las exigencias planteadas el año pasado por el Procurador del Común, plasmadas a su vez en el acuerdo firmado el pasado mes de enero en el Diálogo Social para ampliar la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Estas nuevas medidas «extraordinarias» pretenden «dar respuesta» a las «nuevas situaciones derivadas de la imprevisible evolución de la crisis» para «garantizar las necesidades básicas de subsistencia» de los colectivos más vulnerables, señaló la consejera de Familia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se dio luz verde a estos cambios.

La fórmula elegida para aprobarlos ha sido el decreto ley «el mejor instrumento normativo para agilizar» la «puesta en marcha inmediata», explicó García. No obstante, estas medidas llegarán a las Cortes de Castilla y León, donde se tramitarán como proyecto de ley «con el fin de que se consoliden y perduren en el tiempo». Además, la Junta mantiene su compromiso de elaborar un proyecto de ley dedicado a la Red de Protección para extender las actuaciones «más allá de situaciones excepcionales» derivadas por la actual coyuntura económica.

Entretanto, la mayor cobertura prevista para este año supondrá un aumento del gasto de 14 millones de euros, que es precisamente el incremento asignado a la renta garantizada, que pasa de los 55 millones de 2015 a los 69 para este año.

En todo caso, la consejera de Familia precisó que «no tiene restricción presupuestaria» y la previsión es ampliar la dotación si esa cantidad se superara.

En su conjunto, la Red de Protección, gestada en 2013 y que engloba 23 programas, destinará 180 millones este año para combatir la exclusión social.

Las nuevas medidas permitirán a un usuario que está cobrando un subsidio del paro, por ejemplo, completar sus ingresos con la renta garantizada, hasta alcanzar los 426 euros estipulados para esa ayuda.

Esa compatibilidad entre prestaciones abarca también a los perceptores del Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) o Programa de Recualificación Profesional (PREPARA).

Además, las prestaciones dejan de ser incompatibles con las bajas de maternidad o paternidad, por riesgo durante un embarazo, incapacidad temporal o por tener hijos a cargo.

En cuanto a la flexibilización de los requisitos de acceso, cambian las reglas para computar los ingresos y bienes del solicitante. Por ejemplo, se excluyen del patrimonio personal aquellos bienes rústicos ubicados en municipios con menos de 5.000 habitantes. Y los inmuebles urbanos computarán al 50% cuando su valor catastral sea inferior a los 12.000 euros. En el caso de los autónomos, cuando sus rendimientos no superen el 50% de la base de cotización a la Seguridad Social, se les computará esa cuantía como ingreso.

Las modificaciones también reducen a un mes el periodo de suspensión de la prestación cuando no se renueve el alta como demandante de empleo. Además, establecen la reanudación automática de la percepción una vez finalizada la actividad laboral por la que un solicitante percibía ingresos.

CONGELACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que establece la congelación, por segundo año consecutivo, de los precios públicos para el curso académico 2016-2017 en las matrículas universitarias del primer ciclo, másteres y doctorados. La estabilidad mostrada por la economía española en materia de precios hace que, de conformidad con lo manifestado en el discurso de investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y tras el análisis realizado en la Consejería de Educación, se proponga la congelación de estos precios públicos. Este decreto fija los precios públicos de los estudios universitarios de Castilla y León para el próximo curso que conducen a la obtención de títulos oficiales con validez en el territorio nacional, así como los servicios complementarios en las universidades públicas de la Comunidad.

Los ingresos que perciben las universidades por precios públicos cubren entre el 15% y el 25% del coste real de las enseñanzas en primera matrícula de modo que la mayor parte de la financiación universitaria se realiza con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad. Se mantiene la posibilidad de pagar la matrícula de una sola vez, a principios de curso, o fraccionarlo en tres plazos: el primer pago, al formalizar la matrícula; el segundo entre el 1 y el 15 de diciembre; y el tercero, entre el 1 y el 28 de febrero, según informa Ical.