La Junta advierte a Montoro de que irá a los tribunales si exige recortes

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, advirtió ayer al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, de que no acepta amenazas, aunque procedan del propio Gobierno central, y le dejó claro que acudirá a los tribunales si se empeña en ejecutar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en vez de encontrar una solución «política» al conflicto por el incumplimiento del déficit, por el que el Ministerio exige que Castilla y León recorte 328 millones de euros en el presupuesto de 2016.

Una directriz que el presidente autonómico no está dispuesto a asumir, tal y como reafirmó de nuevo ayer, durante la rúbrica de un pacto entre la Junta y los grupos políticos con representación parlamentaria para fijar una posición «de Comunidad» ante el próximo modelo de financiación autonómica.

El jefe del Ejecutivo regional avisó a los presentes en la firma del acuerdo de que sería «suficientemente claro» respecto al enfrentamiento con el ministro. Y cumplió.

Lo primero que criticó fue el escrito enviado hace unos días por Montoro a las comunidades incumplidoras, en el que les exigía que congelaran el gasto público.

Herrera criticó el contenido de esas misivas y su naturaleza porque, a su juicio, el Ministerio plantea «desde una óptica de intervención jurídica» un problema político. «No se puede despachar este asunto con una carta lineal a todas las comunidades amenazando con las penas del infierno de la ley».

También arremetió contra las declaraciones posteriores de Montoro, cuando aseveró que su plan contra el exceso de déficit «no es voluntario» y lo tiene que cumplir «todo el mundo» porque «es la ley».

«Si nos remiten a la ley, utilizaremos la ley, que no es un embudo, y acudiremos a los tribunales», remarcó Herrera, quien recordó que «no sería la primera vez». Ya llevó otras medidas del Gobierno ante los juzgados, como el copago farmacéutico en hospitales.

Aunque el presidente autonómico reiteró que si el Ejecutivo central aplica estrictamente la normativa la Junta sabría «dar respuesta», expresó su preferencia de resolverlo por los cauces políticos.

En este ámbito, aportó a Montoro las indicaciones concretas que debería aplicar para conseguir una solución: «Llamar de forma global a todas las comunidades y, después, hablar con cada una de forma individual».

Pero, eso sí, Herrera reclamó que en esas conversaciones se analicen las causas que han originado que comunidades como Castilla y León se hayan desviado del objetivo de déficit.

Estas razones las atribuye directamente a un modelo de financiación autonómica que tildó de «caduco y fracasado», que es lo que precisamente le llevó ayer a firmar, junto a los grupos políticos con representación en las Cortes, un acuerdo en materia de financiación autonómica.

Una rúbrica que, según coincidieron todos los portavoces de los grupos políticos, «reforzará la posición de Castilla y León en su negociación» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará mañana.

El pacto «de mínimos» contempla catorce puntos que defienden una financiación «suficiente y revisable» y una distribución «equitativa y justa», acorde a las características demográficas propias de Castilla y León.

Fue suscrito, además de por Herrera, por los portavoces Carlos Fernández Carriedo (PP), Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Podemos) y Luis Fuentes (Ciudadanos). A él se suman los representantes del Grupo Mixto, que no acudieron al acto por cuestiones de agenda.

Una de las novedades que el propio Herrera destacó del acuerdo reside en la petición de que al computar el gasto por la Ley de Dependencia se pondere la realidad del envejecimiento de Castilla y León y se tengan en cuenta más variables, como el número de dependientes atendidos, el grado de dependencia y los dependientes potenciales; aunque en esta hoja de ruta no figura el porcentaje ni el peso que desean que se dé a ninguna cuestión concreta.

«Hay lo que hay», respondió el presidente de la Junta cuando se le abordó sobre la generalidad del documento firmado. «No nos vamos a apartar de la letra de este acuerdo porque no queremos que haya españoles de primera y de segunda, ni castellanos y leoneses de primera y de segunda», apuntó, para añadir que servirá de punto de partida en las conversaciones con el Gobierno central.

Los grupos también acordaron reclamar que se potencien los mecanismos de solidaridad, en concreto, con una reforma de los elementos de reparto y dotación presupuestaria para el Fondo de Compensación Interterritorial, y, también, rescataron el fondo de nivelación. Una de las medidas más ambiciosas de los modelos de financiación iniciales, que supone algo así como que si una Comunidad no tiene fondos suficientes para cubrir los servicios públicos fundamentales existiría un fondo que le aportaría los recursos necesarios para asegurar que todas reciben los mismos recursos por población ajustada.

Otros ejes del pacto consisten en la lealtad institucional, en que «se huya de negociaciones bilaterales», en subrayar la «insuficiencia» del actual modelo y el reparto «injusto» del déficit, en la armonización fiscal y en la eterna demanda de Castilla y León de que la financiación se ajuste «a las necesidades reales» de cada territorio. En este caso, teniendo en cuenta la superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población.

Todos los firmantes alabaron la relevancia de formar un frente común en esta materia.

El socialista Luis Tudanca recordó que «no es habitual» en momentos como los actuales alcanzar acuerdos «tan plurales», aunque fue el único que empleó cierto tono crítico. Esperó que el pacto de ayer, que aseguró que es una reedición del suscrito en 2013 por PP y PSOE, sea «más eficaz» que el de entonces, cuando se habló de que el modelo se revisaría y finalmente no se hizo.

Tudanca también pidió que ese evitara no sólo los más de 300 millones de recortes propuestos, sino lo más de 3.000 en los que cifró lo recortado del Estado del Bienestar durante la crisis. Una pretensión que el presidente Herrera, sin citar al dirigente socialista expresamente, calificó, después, de «utópica».

Por último, el líder del PSOE pidió a Herrera que la Junta «no sólo muestre su voz en contra, sino también su voto». La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, presente en la sala, replicó que el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera «es deliberativo y apenas habrá votaciones».

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, señaló que los ciudadanos «se pueden sentir orgullosos de sus políticos por superar los intereses partidistas a favor de una propuesta de Comunidad» y su homólogo en C’s, Luis Fuentes, indicó que «es importantísimo que haya una postura común con la que todos los castellanos y leoneses se sientan identificados».

El popular Carlos F. Carriedo aseguró que es un «buen acuerdo que reconoce que el sistema de financiación actual es perjudicial para los intereses de Castilla y León y que es necesario reformarlo para que sea justo».

CCOO alerta sobre el grave impacto en políticas sociales

CCOO de Castilla y León mostró ayer el rechazo al planteamiento realizado por el Gobierno de España, por considerar que los recortes «afectarían gravemente a las políticas sociales públicas que son responsabilidad de la Comunidad, afectando seriamente a la igualdad de oportunidades que -señaló- el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía». También apuntó que «dificultaría la revitalización de la economía de Castilla y León, máxime cuando ya ha transcurrido un tercio del año en curso», informa Ical. El sindicato apoyó a las declaraciones realizadas por la diferentes miembros del Ejecutivo regional de que en la Comunidad «resultaría imposible hacer efectivo el recorte» y consideró necesaria «la redefinición de los objetivos de déficit para los próximos años».