El lastre franquista de cuatro pueblos

El Hijo Predilecto del pueblo, su vecino más ilustre, el que da apellido al municipio, también tenía otro sobrenombre. Era conocido como ‘El carnicero de Badajoz’ por su sanguinaria represión a la ciudad extremeña durante la dictadura. El general golpista Juan Yagüe supone aún hoy un lastre franquista para el municipio soriano de San Leonardo de Yagüe.

Como esta localidad, a otros tres pequeños enclaves de Castilla y León –Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, Alcocero de Mola, en Burgos, y Águeda del Caudillo, en Salamanca– les pesa el apellido.

Sobre todo desde que el pasado mes de febrero el abogado madrileño Eduardo Ranz emprendiera medidas legales contra los alcaldes de los cuatro municipios por incitación al odio al mantener en el nombre del pueblo «referencias a los máximos exponentes de la Guerra Civil» e incumplir con ello la Ley de la Memoria Histórica de 2005.

Otros siete regidores del país de municipios que aún tienen una denominación ligada al franquismo han sido objeto de la misma denuncia, que conlleva una pena de hasta cuatro años de prisión. «No pretendo que vayan a la cárcel, sino que reaccionen y sepan que incumplir la Ley no es gratis», apunta el letrado.

La reacción ha sido diversa entre las cuatro localidades aludidas en la Comunidad. Mientras la salmantina Águeda del Caudillo –con alcalde socialista– ya está en trámites de modificar su denominación, las otras tres –dirigidas por regidores del PP– se encuentran a la espera de asesoramiento externo.

Ante la denuncia por incitación al odio, el alcalde pedáneo de Águeda del Caudillo, Germán Florindo, decidió cambiar la denominación de este enclave de apenas un centenar de vecinos y convocó una junta vecinal extraordinaria que autorizó la modificación.

Florindo tramitó la solicitud oficial al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, municipio del que depende, y la próxima semana se celebrará el Pleno que lleva como punto del día desprenderse del ‘Caudillo’ para siempre.

Florindo asegura que tomó la determinación para «evitar llegar al juzgado y perder el juicio» y expone que ni siquiera ha valorado «si es pertinente o no». «Buena gana de meternos en jaleos», señala y reconoce que existirá cierto «trastorno para los vecinos por el nombre que figure en el DNI o las escrituras de propiedades».

Mientras Águeda se mueve por ser Águeda ‘a secas’, los tres municipios populares –Quintanilla, San Leonardo y Alcocero– que deben su apellido a figuras decisivas para la dictadura franquista tienen ahora una postura común, la de permanecer a la expectativa.

Aún no han recibido las respectivas denuncias y se enteraron de toda la polémica por los medios de comunicación, así que pasadas las primeras horas de sorpresa y tensión en las que cada uno tomó un rumbo distinto, los tres optaron por solicitar información para decidir posteriormente los pasos a seguir y no hacer nada con su topónimo mientras tanto.

La denuncia por incitación al odio no es la única repercusión a la que se enfrentan estos ediles. El abogado Eduardo Ranz también reclama que les retiren todas las ayudas públicas si incumplen la norma. «Si los políticos no actúan tendrán que ser los jueces porque las leyes están para cumplirse», afirma este abogado que con todas las medidas emprendidas espera «que reaccionen».

El letrado envió escritos a las diputaciones para que suspendan las subvenciones a estos municipios por incumplir la citada Ley y a la Federación Española deMunicipios y Provincias (FEMP) para que «dando cumplimiento al artículo 15.1 se les retiren las subvenciones o ayudas públicas y se proceda a la pérdida de derechos y usos de pertenencia a la FEMP».

Ranz explica que su motivación para proponer estas medidas reside en dos cuestiones: «Dignidad y legalidad». «Llevan ocho años haciendo caso omiso de estas cosas. Es fundamental como ciudadano por un ejercicio de regalarnos mayor dignidad como pueblo y como nación».

En el municipio soriano de San Leonardo de Yagüe, de algo más de 2.000 habitantes, parecía que el anuncio de la denuncia había surtido un efecto inmediato, pero no fue realmente así.

El alcalde, Jesús Elvira, anunció primero que convocaría un Pleno en el Ayuntamiento la siguiente semana al jueves 11 de febrero –cuando Arranz hizo pública la ofensiva legal– para tomar medidas y poder cambiar la denominación, sin embargo, días después y al ver la reacción de otros lugares cambió de parecer.

Jesús Elvira explicó entonces que mantuvieron varias reuniones con los representantes de los tres grupos políticos del Ayuntamiento (PP, PSOE y C’s) para abordar el tema, pero no tomaron ninguna decisión. Por lo que encargaron informes jurídicos y se abrió una ronda de conversaciones con expertos en la materia, con el fin de que la corporación estuviera documentada.

Sin embargo, el juzgado de El Burgo de Osma le remitió la pasada semana un escrito interesándose por las medidas adoptadas y fue cuando el regidor tuvo que pronunciarse. Informó al juzgado que estaba a expensas de Secretaría para que informara del procedimiento a seguir.

De llevarse a cabo el cambio del nombre, será la segunda modificación para ajustarse a la Ley de la Memoria Histórica que realice el Ayuntamiento soriano, que añadió la referencia al general Yagüe el 22 de octubre de 1952, al día siguiente de su muerte.

En 2009 retiró el monumento que había levantado a este general franquista después de un acuerdo plenario que contó con la unanimidad de los grupos, después de que los servicios jurídicos del Consistorio señalaran que quedaba constatado que el monumento vulneraba la Ley de la Memoria Histórica.

En el burgalés Alcocero de Mola y el vallisoletano Quintanilla de Onésimo no han mostrado su disposición a tomar la iniciativa.

El alcalde de Quintanilla desde hace nueve meses, Raúl Piquero, sostiene que a sus vecinos no les preocupa el nombre y que «ya nadie lo asocia con el franquismo», aunque Onésimo Redondo, nacido en 1905 en ese pueblo, fuera conocido como ‘El Caudillo de Castilla’. «Era un vecino de Quintanilla y nada más». Se refiere al político fascista del nacional sindicalismo, líder de fuerte raigambre popular, que fundó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánicas que se integraron en las JONS, primero, y en la Falange, después, y murió en combate.

Piquero asegura que no se opondrá si finalmente no le queda más remedio que ceder y modificar la denominación del pueblo, pese a que señala que «la mayoría de la gente no quiere cambiar de nombre» y advirte de que tendrá que ser un tribunal quien lo ordene. «Ni siquiera he recibido la denuncia, pero sí, tiene que ser un juzgado quien lo decida», asevera en declaraciones a este diario.

Como varios de los pueblos aludidos, se encuentra «a la espera». Una vez reciba esa documentación en la que se le acusa de incitación al odio, consultará con el gabinete jurídico de la Diputación vallisoletana, pero asegura estar tranquilo porque señala que no ha hecho «nada malo» y que «hay cosas más importantes que hacer en el pueblo que esto». «No preocupa a los vecinos», remarca.

Piquero avisa de que supondría muchos costes y molestias para las empresas y para los particulares de esta localidad de poco más del millar de habitantes. «Las catorce bodegas tendrían que cambiar las etiquetas de todas las cajas y los vecinos también tendrían que hacer cambios referentes a la dirección postal».

El cuarto pueblo en discordia, el burgalés Alcocero de Mola, de poco más de 30 vecinos, fue el único municipio de los once denunciados que envió ‘acuse de recibo’ al letrado, aunque el propio Eduardo Ranz reconoce que eso «no tiene ninguna validez legal».

En el escrito, el Consistorio ya anunció que «con carácter previo a cualquier expediente» solicitaría un informe jurídico sobre su legalidad al servicio de asesoramiento de la Diputación provincial de Burgos sobre la posible eliminación del añadido.

Pese a ello, el alcalde, Juan Bautista, que nada más saltar la noticia aseguró que le parecía «una broma», rehusa ahora realizar declaraciones.

El Ayuntamiento del pueblo que debe su añadido al general Emilio Mola, organizador del golpe precursor de la Guerra Civil, sí confirma que ha realizado la solitud formal a la Diputación.

Tras este dictamen, el Consistorio, formado por dos ediles, deberá decidir en Pleno municipal si inicia o no los trámites pertinentes para proceder a la modificación del nombre del municipio.

La solicitud a la institución provincial realizada por el Ayuntamiento se fundamenta en que actualmente carece de secretario municipal por lo que es la Diputación la que presta asistencia jurídica al Consistorio.

Se da la circunstancia de que el alcalde electo de las últimas elecciones municipales, sobre el que se iniciaron acciones judiciales por el abogado impulsor del cambio de nombre, falleció a finales del pasado año. No deja de ser perturbador que, aún hoy en día, le sobreviva un litigio por uno de los episodios más dolorosos de la historia.

Con información de Nuria Fernández y Gerardo González.