La Junta protegerá al empleado público que denuncie corrupción

Que el temor a represalias no evite que se destapen casos de corrupción en la Administración autonómica. Bajo esta premisa, la Junta impulsa la primera legislación que protegerá a los empleados públicos que informen de delitos contra la Administración cometidos por altos cargos o por compañeros.

Lo hará manteniendo en secreto su identidad, evitando que se castigue su situación laboral por haber hablado y dando prioridad a la investigación de los datos comunicados.

El consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, expuso ayer en el Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley que regula la protección de los funcionarios, personal estatutario y laboral de Castilla y León que comuniquen actividades que pueden considerarse ilícitas.

Castilla y León será la primera comunidad autónoma en llevar a cabo una legislación específica sobre estas actuaciones, más allá de una norma del Gobierno de Aragón sobre Integridad Ética Política que sólo dedica al asunto «un artículo», según explicó ayer el propio consejero. «Es un anteproyecto pionero. No hay nada parecido en el Estado Español», subrayó.

El documento, que está formado por tres artículos, dos disposiciones adicionales y tres finales, aborda dos procedimientos, la tramitación de las informaciones recibidas sobre posibles delitos como prevaricación, fraude, cohecho, malversación... y las garantías de informantes.

Los datos comunicados se remitirán a la Inspección General de Servicios, un órgano autonómico que abrirá una investigación y ésta tendrá carácter «reservado y prioritario».

El texto establece un plazo de dos meses para investigar la información aportada, aunque si existe una alta complejidad en el caso el tiempo de esta fase puede extenderse hasta los seis meses.

La otra rama de la protección, la que incluye el adjetivo ‘reservado’, contempla que se omitan los datos relativos a la identidad del informante y todo lo que pueda conducir a su identificación. Un anonimato que pretende animar a la denuncia de los hechos.

Entre las garantías que incorpora este anteproyecto está que «no se puede realizar ninguna actuación que pudiera perjudicar su situación laboral», explicó el consejero.

En concreto, no podrá acordarse el traslado del empleado si éste no lo desea, pero, de manera excepcional, si lo solicita y concurren circunstancias que lo justifiquen, sí podría efectuarse.

De Santiago-Juárez apuntó que esta medida ya está prevista para los casos de acoso laboral en la Ley de Función Pública. Una normativa que calificó de «muy garantista» y que explicó que deberá modificar algunos de sus artículos para incluir las nuevas reglamentaciones.

Lo primero que debe esclarecer la Inspección General de Servicios de la Junta es si la información aportada es relevante y si trata de irregularidades administrativas, delitos o no es una conducta reprobable.

Una vez estimada la naturaleza del caso, si se considera que se ha producido alguna irregularidad administrativa, la información reservada finaliza con un informe que contiene la propuesta de apertura de expediente sancionador. Ese documento debería enviarse después al Procurador del Común, como Comisionado de Transparencia.

Sin embargo, si se determina que existen indicios de un posible delito, remite las actuaciones a la Fiscalía o al juez correspondiente y se informa al empleado que denunció.

El texto otorga la protección mientras se lleven a cabo las actuaciones y, si el caso se remitió al Ministerio Fiscal, las garantías se mantendrán hasta que haya sentencia firme o se produzca el archivo definitivo. De Santiago-Juárez indicó que, después de este tiempo, el empleado seguirá estando amparado por «las garantías» de la Ley de Función Pública.

Aunque el consejero de la Presidencia no concretó cuándo podría tramitarse la norma en las Cortes, sí avanzó que espera celeridad. Anunció que la próxima semana convocará la Mesa de Función Pública y que ha solicitado al Consultivo un informe de urgencia, ya que el documento «no es extenso».

«Tenemos mucha prisa por ponerlo en marcha. Otros hablan de ello, pero nosotros tomamos medidas», defendió y explicó que antes de la contundencia ante casos de corrupción, debe llegar la prevención. «Se está sobeteando demasiado la regeneración y, más que la contundencia, que va de suyo, lo que hay que hacer es tomar medidas preventivas como esta para evitar que estos hechos ocurran», indicó.

Incluyó en el mismo marco de actuación para anticiparse y mejorar la «calidad de la política» otras medidas, como la aprobación del Código Ético y la presentación prevista del anteproyecto de incompatibilidades del alto cargo.

Las Cortes instaron en diciembre a la Junta a elaborar una norma de protección jurídica para el empleado que destape estos episodios, a propuesta de Ciudadanos, aprobada en un segundo intento con una enmienda del PP. Fijaba un plazo máximo de un año y el consejero destacó que, dada la «importancia» de esta protección jurídica reducirán ese tiempo. «Como Gobierno tenemos esa responsabilidad y la estamos llevando a cabo», defendió.

Anualmente, la Junta deberá responder ante las Cortes remitiendo un informe ante la comisión correspondiente. En él incluirá las denuncias recibidas y el órgano al que se han trasladado.