González Mantero sostiene que 'España no puede permitirse no explorar sus capacidades en hidrocarburos'

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, aseguró que “España no puede permitirse no explorar sus capacidades en hidrocarburos” ya que aseguró que el país importa el 99,5%. Este “desfase”, según explicó, genera la dependencia energética que recordó alcanza el 80%, frente al 50 de media en la Unión Europea (UE). “Es imposible tomar decisiones si conocer las posibilidades que existen”, afirmó.

González Mantero abrió la jornada sobre 'La producción de gas natural y petróleo: Una oportunidad para Castilla y León', organizada por Ondacero Valladolid y que contó con la participación de responsables de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep). El director general de la Junta remarcó que se debe garantizar la seguridad de la población y el medio ambiente a través de controles.

En ese sentido, el responsable de Energía y Minas de la Comunidad explicó que existen 14 proyectos de exploración activos en las provincias de Burgos y Soria, de los que 13 fueron autorizados por la Administración General del Estado y uno por el Gobierno autonómico. Además, Ricardo González Mantero destacó que 12 proyectos recibieron el permiso durante la etapa de gobierno socialista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que criticó la posición del PSOE de Castilla y León.

Asimismo, el director general se refirió a la nueva Ley de Hidrocarburos y al sistema fiscal por el que se revierten a los propietarios, los municipios y las comunidades autónomas parte de los tributos recaudados. Ricardo González Mantero explicó que la exploración, puesto que hasta ahora en Castilla y León no existe ningún proyecto de explotación de gas a través de la técnica de fractura hidráulica, conocida como 'fracking', tiene una “baja intensidad”, si bien remarcó que ofrecen todas las “garantías”.

Al respecto, explicó que los proyectos se han sometido a evaluación de impacto ambiental y cuentan con informes del Instituto Geológico y Minero de España, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o las confederaciones hidrográficas. En general, González Mantero señaló que estos organismos proponen medidas correctoras, pero en ningún caso se han opuesto a la investigación sobre la capacidad del subsuelo de Castilla y León.

También, Juan Pedro Martínez Bastida, de Fitag-UGT, se refirió a la importancia de “las buenas prácticas” en las que incide el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas como medio para garantizar la seguridad en las prospecciones.

Energía y competitividad

La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), y miembro de la Junta Directiva de Cecale, Ángela de Miguel, aseguró que “España y Castilla y León necesitan energía competitiva para que sus empresas puedan competir en un escenario global”. Además, defendió la exploración y producción como medio para reducir los “excesivos” costes energéticos que tienen que soportar las empresas.

También, el dirigente de la Federación de Industria de CCOO, Francisco Blanco, señaló que “el shale gas ha llegado para quedarse”, y que “la autonomía energética es sinónimo de paz y estabilidad”, además de una oportunidad para el empleo en un país que soporta más de un 20 por ciento de desempleo. Blanco aseveró que “Castilla y León debería conocer su potencial energético”. El representante sindical pidió a las instituciones académicas que “elaboren planes de estudio y formación de las nuevas profesiones emergentes para garantizar la empleabilidad de jóvenes y parados” cerca de donde se desarrolle la actividad.

Prohibición

También, el director general de Energía y Minas señaló que la mayoría de las leyes que se han aprobado en los parlamentos autonómicos contra la técnica de fractura hidráulica para explorar o explotar yacimientos de gas han sido declaradas inconstitucionales. Indicó que ése ha sido el caso de las normativas de Cantabria, La Rioja o la Comunidad Foral de Navarra, ya que señaló que la prohibición absoluta sobre hidrocarburos no corresponde a las comunidades.

Sobre este asunto, González Mantero precisó que el País Vasco ha optado por una prohibición general, aunque recordó que el Ente Vasco de la Energía tiene una participación importante en la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, una compañía que ha solicitado la mayoría de los permisos. Además, advirtió de que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la legislación promovida en Andalucía y Cataluña.

Por ello, el director general de Energía y Minas cuestionó la posición del PSCyL que ha presentado una proposición de ley que estudiará próximamente las Cortes de Castilla y León. Por el contrario, optó por “hacer bien las cosas”, como en su opinión ha hecho la Junta sobre los proyectos presentados para explorar la cuenca Vasco-Cantábrica, donde se han llevado a cabo 202 sondeos en las últimas décadas.

Viabilidad

Sobre la viabilidad de la explotación de pozos de petróleo, González Mantero reconoció que mientras el precio del barril se mantenga en los niveles actuales será complicado que tengan viabilidad otros proyectos para obtener este carburante en Europa o Estados Unidos. No obstante, el director general de la Junta aseguró que existen diversos estudios que indican que al final de la década alcanzará los 80 euros, lo que mejorará su rentabilidad.

El responsable de la Junta se refirió al informe elaborado en 2013 por la consultora Gessal que concluyó que la zona Vasco-Cantábrica puede albergar unos recursos prospectivos de unos 1.000 billones de metros cúbicos de gas natural y más de 100 billones de barriles de petróleo. Solo el gas, esta cantidad supondría la mitad del potencial del país y sería equivalente al consumo en España durante 40 años, mientras el crudo representaría el diez por ciento del consumo total del país durante una década

Más recursos

La nueva norma, que entró en vigor en mayo, prevé que ayuntamientos y municipios reciban hasta un ocho por ciento a la producción de petróleo, hasta un cinco, si es gas natural, y un cuatro de la de gas natural no convencional. Además, incluyen un canon de 125.000 euros por cada sondeo de exploración o producción que se construya en tierra. También se dedicará un uno por ciento de la producción a los propietarios de terrenos cercanos. A estos nuevos gravámenes se unen los impuestos existentes sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Bienes Inmuebles (IBI) o Actividades Económicas (IAE).

De esta forma, Aciep calcula que los beneficios de un emplazamiento de gas no convencional, según explicó su presidente, Francisco de la Peña, podrían alcanzar los nueve millones de euros en un municipio -seis del Ayuntamiento y tres de los propietarios de terrenos cercanos-. Estos pozos tienen una extensión media de dos hectáreas, equivalentes a dos campus de fútbol, con una huella horizontal mínima.

En el caso del petróleo, un campo generaría hasta 30 millones, 20 millones para el ayuntamiento y diez para los propietarios. Según un estudio de Deloitte en 2014, la exploración y producción de hidrocarburos en España podrían generar 260.000 empleos en el año de mayor actividad, de los que 220.000 son indirectos e inducidos.

Finalmente, De la Peña reconoció que estos proyectos no cuentan en la mayoría de los casos con el apoyo de los ciudadanos, si bien recalcó que ayudarán a reducir la dependencia energética del país y aseguró que “cualquier riesgo está totalmente controlado”. De hecho, el presidente de Aciep recalcó que presenta los mismos que las actividades industriales y aseguró que pueden convivir “con el medio ambiente”.