Un recurso de Montoro planta a 20.000 opositores de Enfermería

A sólo diez días de que estuviera previsto el examen y seis años después de que se celebraran en Castilla y León las últimas oposiciones para Enfermería, un recurso de Cristóbal Montoro deja plantados a más de 20.000 opositores.

El Tribunal Superior de Justicia suspende cautelarmente la convocatoria de oposiciones de Enfermería para cubrir 554 plazas, a las que se presentaban más de 20.000 profesionales y cuyas pruebas iban a celebrarse el 22 de noviembre en León y Valladolid, y atiende así a un recurso presentado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que exigía la paralización de estas pruebas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ considera que –tal y como sostiene el Gobierno– el proceso se convocó fuera de plazo, según el artículo 70.1 del Estatuto del Empleado Público, que establece que desde que se publica la oferta pública de empleo –en marzo de 2011– hasta que se convocan las oposiciones –en abril de 2015– deben pasar como máximo tres ejercicios. «La ejecución de la oferta deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años», reza la normativa.

En el auto, el tribunal sostiene que «no hay duda que del tenor literal del precepto se genera la plena caducidad de la oferta de empleo» y añade que «al momento de la convocatoria han transcurrido ya cuatro años desde que se aprobó la oferta de empleo (...), que no puede ser objeto de ejecución ante su extinción, por consunción temporal».

El tribunal, aunque no entra aún en el fondo del asunto, asume el argumento del abogado del Estado, que esgrime que «no es posible una ejecución intemporal y ‘sine die’ de dichas convocatorias, que han superado el plazo ampliamente» y que fundamenta la petición de suspensión en «los perjuicios de carácter irreversible que se darían de realizarse un proceso selectivo, que posteriormente podría ser objeto de anulación por la sentencia definitiva».

De hecho, el tribunal ‘tumba’ de manera cautelar la orden de la Consejería de Sanidad, por la que se convocaron estas oposiciones para personal estatutario fijo en Sacyl, arguyendo la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Explica que «no puede dejar de contemplarse la ponderación de perjuicios que se causan» y considera que el que las pruebas llegaran a celebrarse podría provocar peores efectos si, tal y como reclama el Gobierno, después tuvieran que suspenderse. «El perjuicio siempre sería superior para los aspirantes, cuyas expectativas se verían frustradas».

El TSJ se apoya en la jurisprudencia y cita una conclusión «similar» de una sentencia del Tribunal de Justicia de Galicia, que data de 2014, y que, en atención al mismo artículo 70.1 del Estatuto del Empleado Público, concluye que «concurre un supuesto de nulidad de pleno derecho».

El Ministerio no sólo alega una cuestión de tiempos. Presentó un segundo argumento basado en la estabilidad presupuestaria. Hacienda mantiene que con esta convocatoria de la Consejería de Sanidad de algo más de medio millar de plazas «se pone en riesgo la política de contención del gasto público, que deriva del Real Decreto de 2011».

Este aspecto ni siquiera llega a ser contemplado por el tribunal, que estima que las conclusiones sobre los plazos «hacen innecesario analizar la perspectiva (...) de la vulneración de los límites presupuestarios».

Sin embargo, en el mismo auto sí refleja que esas plazas convocadas estaban siendo ya ocupadas por personal interino. Lo que debilita el argumento de Montoro del coste económico de la convocatoria.

La suspensión cautelar no implica costas a ninguna de las partes.

De los más de 20.000 opositores, 12.014 estaban inscritos en Valladolid y otros 8.075 en León, en lo que iba a ser un proceso que ofrecía una plaza por cada 36 aspirantes.