Unos 1.400 castellanos y leoneses se beneficiarán del abono joven hasta los 26 años de Madrid

El presidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, firmaron hoy un convenio de colaboración en materia de transporte público de viajeros por el que los ciudadanos de la Comunidad disfrutarán de las mismas ventajas de que disponen en estos momentos los propios madrileños. En concreto, los jóvenes de hasta 26 años de Ávila y de Segovia se podrán adherir a las condiciones del abono joven de Madrid, con una tarifa plana de 20 euros al mes.

Así, el número de beneficiarios será de unas 1.400 personas, 1.200 de Segovia y otras 200 de Ávila, que tendrán una tarjeta única a la que se sumará el abono joven de Madrid, el denominado C2, permitiendo que los jóvenes de Castilla y León obtengan un ahorro de 41,8 euros mensuales, cifra que se elevará hasta los 79,3 en el caso de los jóvenes de entre 23 y 26 años -ya que hasta el momento el abono joven solo llegaba hasta los 23 años-, aunque en este caso el coste del abono mensual se debe añadir a la convalidación desde el límite de la Comunidad de Madrid hasta su destino, es decir, para que una vez que estén en la Comunidad de Madrid, tengan acceso a los transportes combinados del Consorcio “en las mismas condiciones que la Comunidad de Madrid ofrece a los madrileños”, resaltó el presidente autonómico.

La firma del convenio tuvo lugar en la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y según manifestó Herrera, responde a la “atención de las necesidades específicas de los ciudadanos de las provincias de Ávila y de Segovia que se desplazan a Madrid bien por razones laborales bien por razones de estudios”. Según fuentes de la Junta, de momento solo estará disponible para los jóvenes de Segovia, ya que la concesionaria del transporte en Ávila aún no permite esta fórmula.

Para ello, la Junta de Castilla y León asumirá el coste que suponga esa diferencia, para lo que Herrera anunció que se dupicará la partida destinada, que pasará de los 700.000 euros de este año al 1,4 millones en 2016, cifra que ya se está trabajando en la confección de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año próximo. El objetivo es garantizar que los ciudadanos “van a poder seguir disfrutando de estas condiciones”, subrayó.

“Nuestra obligación es mantener las mejores relaciones de cooperación con el gobierno del Estado, pero también con las comunidades autónomas” afirmó convencido Herrera en lo que llamó la “cooperación horizontal”, dando muestras de su “autonomismo práctico en beneficio de los ciudadanos”, del que aseguró ser defensor.

Esfuerzo necesario

El presidente Herrera apeló a las características demográficas y geográficas de Castilla y León como la comunidad más extensa de España pero con “relativa poca población y dispersa por el territorio”, donde conceptos como la accesibilidad y movilidad de las personas adquieren un relieve singular, para justificar la dedicación al transporte.

Una política de transportes que se concreta en un modelo “a la demanda” que, según dijo, supone un esfuerzo público para cubrir un importante déficit ya que las líneas no son rentables desde el punto de vista económico “pero necesarias y rentables desde el punto de vista social”.

En este sentido, Herrera recordó que la Junta aporta 12 millones de euros al año para el mantenimiento de líneas de transporte público deficitarias, pero que suponen 200.000 rutas entre 3.500 núcleos de población y atención a más de un millón de habitantes en el medio rural, que se completa con el sistema de transporte escolar con 1.800 rutas, y servicio diario a 35.000 alumnos, y el transporte sanitario con un coste anual para la Junta de cerca de 60 millones de euros.

Preocupación por el transporte que según manifestó el presidente, tendrá un papel relevante en la legislatura que acaba de comenzar con una nueva ley de ordenación del transporte en Castilla y León.