«La investigación penal dirigida por la Fiscalía sería más ágil»

M. REMÓN burgos

Lourdes Rodríguez Rey es la nueva fiscalsuperior de Castilla yLeón desde el pasado 22 de septiembre, fecha en la que tomó posesión en Burgos. Ese día ya marcó las líneas maestras de su labor al frente de laFiscalía de la Comunidad y que desgrana en esta entrevista, en la que reclama un definitivo cambio en la organización de la Fiscalía.Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, pertenece a la carrera fiscal -no está adscrita a ninguna asociación profesional- y a la judicial. Inició su andadura profesional en su ciudad natal,León, donde desempeñó la coordinación de los fiscales especialistas en siniestralidad de Castilla yLeón. Entre 2005 y 2009 fue fiscal jefe de León. Y entre julio de 2010 y septiembre de 2015 ha sido fiscal jefe de Palencia.En 2009 fue nombrada directora del Centro de Estudios Jurídicos, la escuela en la que se forman las nuevas promociones de fiscales.

Pregunta.- En sus dos primeras intervenciones públicas desde que tomó posesión del cargo ha insistido en que el modelo de proceso de penal que debería regir no acaba de cuajar y reclama que el fiscal dirija la investigación. ¿Cree que ese cambio acabará llegando, más cuando los jueces no lo respaldan?

Respuesta.- Estoy segura de que sí. Soy optimista y pienso que estamos en un punto de no retorno y que en la próxima legislatura se abordará. Hay dos códigos procesales completos y concluidos, uno la Ley deEnjuiciamiento Criminal del ministro Caamaño y otro el Código Procesal Penal del ministro Gallardón. Parece que el consenso político se puede alcanzar. Y también creo que si la reforma del proceso penal se plantea como una cuestión de Estado habrá consenso y en todo caso hay que buscarlo. En la carrera fiscal no lo había y se ha conseguido. También es verdad que a nivel internacional chirría nuestro modelo con el de otros países. Y ahora hay mucha colaboración internacional, y hay que ser coherente con nuestro entorno.

P.- ¿Qué ventajas tiene que el fiscal asuma la investigación en los procesos penales?

R.- Hay que partir de la idea de que no hay que sustituir la figura y la función del juez por la del fiscal. Son cosas diferentes. Quien verdaderamente investiga es la policía judicial. Una policía judicial dirigida en sus investigaciones por un fiscal, con un juez de garantías. Una vez que ese material está completado se lleva ante la autoridad judicial. Esa fase previa va a ser mucho más ágil porque la va a dirigir un órgano que tiene más flexibilidad y está sujeto al principio de unidad de actuación.

P.- Lo que se hará es sustituir la labor que realiza ahora el juez instructor.

R.- Ahora también investiga la policía. En esa fase del juez de instrucción da lugar a mucha contradicción por las partes que se van personando y da lugar a recursos y trabas procesales que no permiten avanzar.

P.- ¿Cree que se llegará a ver el ‘papel cero’ en los juzgados?

R.- Yo creo que está muy próximo. Es preciso reforzar y solucionar los problemas que van surgiendo en la práctica diaria. Nuestro compromiso para lograr este objetivo es total y además creo que las fiscalías de Castilla y León tienen un buen nivel de implantación y uso de los medios tecnológicos y son idóneas para su implantación total.

P.- Ha hablado también de modernos métodos de trabajo y en el ámbito tecnológico puso como ejemplo el proyecto de justicia digital de la Fiscalía de Valladolid. ¿En qué consiste ese proyecto?

R.- Es un proyecto piloto encaminado a que las comunicaciones de los juzgados con la Fiscalía se hagan vía telemática, evitando el trasiego de causas y cuyo objetivo es el expediente digital. A nivel de Fiscalía, la implantación es muy satisfactoria, con buenos resultados. Lo que hace falta es la unión telemática de los juzgados con la Fiscalía.Paradójicamente está unida desde hace muchos años en la jurisdicción de Menores. Nos falta esa unión. En España, los sistemas informáticos no son iguales.Cada Comunidad tiene su sistema y se ha invertido mucho dinero y esfuerzo en compatibilizar esos sistemas.

P.- ¿Qué opina de que se ponga un limite temporal a la instrucción de los asuntos?

R.- La medida de poner plazo a las investigaciones judiciales me parece razonable y también a la investigación del fiscal que ya la tiene, nuestras diligencias de investigación están sujetas a plazo. No se puede estar investigando ilimitadamente y la experiencia demuestra que lo que no ha salido en un tiempo razonable no va a salir. Otra cosa es tener que controlar la investigación que hace otro y que tiene otro. Y es que en nuestro sistema el instructor es el juez, las causas están en el juzgado y es la oficina del juzgado la que lleva su tramitación. Y sin embargo el control de los plazos se atribuye al Fiscal. Con la organización actual de las fiscalías y de los juzgados puede que ese control no sea tan fácil.

P.- Su antecesor, Manuel Martín Granizo, aseguraba, nada más llegar al cargo, que una Justicia lenta no es Justicia. ¿Qué opina al respecto?

R.- Pues que por supuesto. Cuando el ciudadano acude a la Justicia es porque tiene un problema actual, importante para él, y quiere que se solucione y que le repárenle daño que siente ha sufrido. Si la solución y la reparación llegan cuando el problema ya casi es irreconocible por la deriva que ha podido tener, eso no puede ser.

P.- ¿No es posible consensuar un modelo de Justicia, constantemente sometida a las disputas políticas que paralizan los cambios legislativos?

R.- Es la asignatura pendiente, pero creo que de esta ya la abordamos.

P.- ¿Es suficiente la plantilla de 128 fiscales?

R.- Bien, todo es relativo. Las fiscalías de Castilla y León comparadas con el resto de fiscalías del país tienen una dotación razonable. Otra cosa es si es suficiente o adecuada. Desde luego ante la ampliación de funciones que paulatinamente pero sin cesar se atribuye al Fiscal y ante las previsiones de las nuevas reformas legislativas, claramente no es suficiente. El evidente protagonismo que el fiscal va a tener en el proceso penal requiere más medios. La reciente reforma de la jurisdicción voluntaria y las leyes que han reformado la protección de menores exigen mayor presencia e intervención del Fiscal. Ahora bien, yo también pongo el acento en la necesidad de dotar de una adecuada estructura administrativa a las Fiscalías. La ratio de funcionarios en las fiscalías no llega ni a la de un funcionario por Fiscal. Acometer la reforma de la oficina de la Fiscalía para que los fiscales se puedan dedicar a sus funciones propias es una necesidad ineludible.