Tumbada la ley de cuentas abiertas

El debate para decidir si las Cortes accedían o no a tramitar el proyecto de ley de cuentas abiertas, a instancias de Podemos, se convirtió ayer en una especie de concurso, donde cada grupo competía por el título de ‘el más transparente’.

El portavoz del PP en materia de Hacienda, Salvador Cruz, tuvo que remangarse. Primero para explicar el rechazo de su grupo a debatir sobre un proyecto, exhibido por sus ideólogos como una norma para dar más publicidad a cómo y cuánto dinero público se gasta. Y, en segundo lugar, para defenderse de las críticas de «opacidad» y «oscurantismo» que recibió de toda la oposición.

Antes de iniciarse el debate, el secretario primero de la Mesa, Óscar Reguera, trasladó el criterio del Ejecutivo, contrario a la toma en consideración y tramitación del proyecto. En un informe aprobado el 10 de septiembre, aduce que vulneraría la protección de datos e implicaría mayor coste, al requerir el desarrollo de una aplicación informática ad hoc y más personal para volcar datos.

El portavoz del grupo proponente, Pablo Fernández, abrió fuego con un airado discurso desde la tribuna. Se amparó en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara para replicar los argumentos de la Junta, que son «un poema en negro y falaces en cuanto al coste de implantación». Al respecto, propuso aprovechar el Gobierno Abierto y personal propio para no aumentar el gasto.

«Ejercer el derecho ciudadano a acceder a documentos públicos es irrefutable. No puede negarse con excusas de cacique del siglo XXI», dijo el líder morado, molesto por el alto absentismo en la bancada popular en ese momento (del Ejecutivo, sólo el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, escuchaba el debate), lo que calificó de «falta de respeto».

Fernández acusó al PP de pronunciar la palabra ‘regeneración’ «como un mantra, como si con ello borrase de un plumazo tanto robo, compadreo y pelotazo»; y calificó de «milongas» las iniciativas puestas en marcha hasta la fecha.

Adelantándose al voto en contra de los populares, pronunció las palabras más duras: «Hoy se han quitado la careta. Siento vergüenza ajena por un Gobierno autonómico tan opaco, oscuro y temeroso de que se conozcan sus tejemanejes».

El resto de la oposición se alineó con Podemos, aunque cada grupo quiso aportar algo propio, como si el de ayer fuera un concurso para ver cuál es más transparente. Gloria Acevedo (PSOE) señaló que la proposición de ley «necesita más complementos», especialmente para vigilar «procesos de contratación pública y gestión de recursos, los que necesitan más control», argumento que luego reproduciría Ciudadanos.

La procuradora socialista recordó las iniciativas en pro de la transparencia presentadas por su grupo en la legislatura pasada, que «sucumbieron al rodillo de la mayoría absoluta». «Aquí la transparencia tiene que imponerse para disuadir la tentación de ocultar lo que se pueda», remató Acevedo.

El portavoz naranja, Luis Fuentes, dijo «no entender» la posición del PP, contraria a abrir al debate el proyecto de ley de Podemos, aunque, erigiendo a su partido en adalid de la «apertura de puertas y ventanas en las instituciones», abogó por ir más allá y acometer una «reforma de la administración que devuelva al ciudadano al debate público».

José Sarrión (IU) lamentó que el Ejecutivo «diga qué puede y qué no legislar el Legislativo», y rechazó que el coste sea un criterio para tumbar la iniciativa. «No podemos recortar en democracia», alegó. Luis Mariano Santos (UPL) se preguntó por qué acuerdo exprés para reformar la Mesa y no para mejorar la «credibilidad» de los políticos.

Cruz recogió todos los guantes. A IU le preguntó por qué en los «muchos años» que lleva en la Cámara nunca presentó una iniciativa por la transparencia. A Podemos le recriminó como una «falta de respeto» que tilde de «milonga» las iniciativas aprobadas antes en las Cortes. Del PSOE rechazó «lecciones»: «El PP es el partido que más ha hecho por la transparencia». Y a Ciudadanos le reprochó su doble vara de medir: «En Andalucía han estado vetando este debate mes y medio».

A los argumentos de la Junta para tumbar el proyecto de ley Cruz añadió otro: que el ciudadano acceda a asientos de las más de 2.200 cuentas corrientes de la Junta, sin conocer su finalidad, genera «confusión».