Críticas a las administraciones que no hacen caso a Amoedo
Podemos plantea reprobar a consejeros desobedientes y C’s presentará mociones de apoyo en instituciones donde está presente
Herrera saluda afectuoso a Amoedo en presencia de Clemente, ayer.-ICAL
No es la primera vez que al Procurador del Común se le escuchan los lamentos por el poco caso que le hacen las administraciones, pero sí la primera que encuentra tanta comprensión entre tan variopinta representación parlamentaria.
Javier Amoedo se quejó ayer de que «en ocasiones» la colaboración que requiere para su función de «todos los poderes públicos no tiene lugar con la diligencia debida», lo que ocasiona un «importante retraso a la hora de dar respuesta a los ciudadanos».
Más que palabras, también hechos, ofrecieron Podemos y Ciudadanos. El portavoz del grupo morado, Pablo Fernández, anunció por la mañana y también en el pleno, una iniciativa para reformar la ley reguladora de esta institución de autogobierno y evitar que sus recomendaciones caigan en saco roto.
Haciéndose eco de una propuesta de la Plataforma de Empleados Públicos (Pladepu), anunció una proposición de ley que permita «reprobar a un consejero que incumpla las resoluciones si así lo votan el 30% de los procuradores». Fernández censuró que no sólo se desatienden los requerimientos del Procurador, sino los de los grupos, y recordó al PP que «ya no tiene mayoría absoluta».
El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, comprometió mociones en todas las instituciones en las que está presente su formación para prestar una «actitud de colaboración» con el Procurador, «aportando información y cumpliendo sus resoluciones».
El líder del partido naranja tachó de «afrenta» a la institución la «negativa» de las administraciones a cooperar con el defensor del pueblo. «Los ayuntamientos o la Junta huyen de los ciudadanos. Son actitudes soberbias y prepotentes, que dan la espalda a sus peticiones. Es un olvido y desprecio hacia ellos», criticó.
La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, exigió a todas las administraciones «máxima implicación» con el Procurador para remitir documentación y ejecutar sus resoluciones, a fin de «no romper la cadena de confianza con el ciudadano». También se mostró partidaria de agilizar la presentación y debate en pleno del informe del defensor autonómico, algo que en julio le solicitó a Amoedo la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.
El leonesista y viceportavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, planteó una «reformulación» que «no eliminación» de la institución, a fin de mejorar su funcionamiento y evitar duplicidades. Sugirió al Procurador que haga uso de las competencias que le atribuye la ley para adoptar «resoluciones ejecutivas» y «cursar copia de oficio a la Fiscalía» de los expedientes en los que detecte irregularidades.
«Las administraciones pasivas o que incumplen sus recomendaciones manifiestan una falta de compromiso con su mandato legal de servir a los ciudadanos», agregó.
En su segundo turno, Javier Amoedo explicó que la institución estudia con detalle si remiten al fiscal la falta de respuesta por un posible delito y añadió que ante ello algunas responden, no así otras. «Es difícil obtener sentencias condenatorias», advirtió, informa Ical.
El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, recogió el guante y mostró la disposición de los suyos para negociar «cualquier propuesta de mejora». En todo caso, destacó que el Procurador es una institución de autogobierno «consolidada» en Castilla y León, que ganó en «eficacia y austeridad» con la última reforma que, dijo mirando al PSOE, fue consensuada.
En su repaso a las cifras del informe, Luis Fuentes deparó en la disparidad de quejas enviadas al Procurador en función de la provincia, lo que achacó al desconocimiento de la institución. Por ello, propuso una campaña informativa allí donde la labor de Amoedo es menos visible.