Un millar de maltratadores evita cárcel o multa con trabajos a la comunidad

Los trabajos en beneficio a la comunidad resultan una frecuente salida para muchos maltratadores. Más de un millar –1.080– de personas condenadas en Castilla y León por este tipo de delito aceptó esta modalidad de sanción evitando así otras fórmulas de ‘castigo’ como multas o el ingreso en prisión. En Valladolid fueron 163.

Quienes cometieron algún delito contra la seguridad vial o de violencia de género tienen más probabilidad que otros delincuentes de conmutar su pena por trabajos en beneficio a la comunidad o de acordar directamente, a petición de su abogado, este modelo en la sentencia como pena principal.

Cuatro de cada cinco condenados a trabajos en favor de la sociedad en Castilla y León perpetraron delitos de estas dos naturalezas, según los datos facilitados a este periódico por Instituciones Penitenciarias. El resto corresponde a condenas por delitos de lesiones (11,8%) y, en menor medida, contra el patrimonio (5,7%).

En el primer trimestre del año 1.058 personas fueron condenadas a estos trabajos, lo que supone una cifra similar a 2014, pero un incremento muy significativo respecto a un año antes. Este tipo de sentencia, en la que siempre debe de haber consentimiento del penado, se cuatriplicó de 2013 en los doce meses siguientes.

A lo largo de 2014 más de 4.000 personas realizaron estos trabajos en beneficio a la comunidad, mientras un año antes no llegaron al millar. La implantación por provincias es desigual. Esta opción proliferó más en León, tanto en 2013 –277 personas–, como al año siguiente, cuando se incrementó hasta las 994, y, también, en los tres primeros meses de 2015. Le siguen en sentencias con esta pena Burgos y Valladolid.

La magistrada de lo Penal número 1 de Palencia, Olga Álvarez, da varias claves que podrían explicar el incremento de este tipo de medida que está ligada «a delitos menos graves». La jueza apunta a la crisis como una de las cuestiones que han podido influir. «Tenemos en cuenta la situación social y personal del penado. Antes había a lo mejor más tendencia a imponer una multa, pero ahora en los últimos años ha cambiado porque muchas veces no tiene posibilidades económicas. Si acredita que no tiene trabajo, ni otro tipo de ingresos, imponer una multa es abocar a que no se pague».

Álvarez también reconoce que «en las últimas reformas el legislador ha querido que más delitos conlleven esta pena» y esto ha hecho que poco a poco se extiendan y señala que algunos de ellos «son los que más se cometen, como los de seguridad vial y violencia doméstica».

También indica que los jueces abogan «por la reinserción» y esta fórmula está encaminada en esa dirección. «En muchos casos la mentalidad del condenado cambia después de realizar los trabajos».

Aunque Olga Álvarez incide en que los jueces «aplican la ley», reconoce que personalmente los delitos de violencia doméstica le parecen «especialmente graves» y comenta que, en su caso, si llega a celebrar un juicio resulta infrecuente que opte por trabajos comunitarios, pero subraya que, de cualquier modo, «fue el legislador quien quiso que tuvieran la alternativa de trabajos en beneficio a la comunidad».

La magistrada insiste en que la petición de pena cuando el juez enjuicia a un sujeto la realizan las acusaciones. «Si ellos no lo piden no puedo condenar a trabajos».

Para que esta medida tenga efecto, «se intenta adaptar a la infracción cometida». Por ejemplo, si el delito fue contra la seguridad vial, el condenado puede tener que atender a víctimas. «Debe servir para concienciarse y están orientados a la prevención, a la función rehabilitadora y de función pública».

Éstos pueden ser muy variados. Desde prestar ayuda en un banco de alimentos, a apoyo en comunidades terapéuticas, realizar labores administrativas en ayuntamientos...

La magistrada explica que no son retribuidos y subraya que «no restan puestos de trabajo a la sociedad» porque no sustituyen ningún empleo. «Son a mayores», añade la magistrada.