Diario de Valladolid

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Villanueva avala la compra de El Árbol por DIA pese a los 121 empleos perdidos en el proceso

Julio López recrimina a la Junta haber dado “bandazos” y una “sensación de falta de liderazgo para hacer de la necesidad virtud”

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, comparece en las Cortes para informar sobre la situación de varias empresas de la Comunidad-Ical

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, comparece en las Cortes para informar sobre la situación de varias empresas de la Comunidad-Ical

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El consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, ha defendido el proceso de adquisición de la cadena El Árbol por el Grupo DIA, pese a que la operación se ha traducido en la perdido de un total de 121 puestos de trabajo, tras recordar que en caso contrario la destrucción de empleo habría alcanzado a la totalidad de la plantilla, compuesta por más de 5.000 contratos.

En tales términos se ha expresado Villanueva durante su comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes, donde ha informado de dicho proceso de adquisición y de otras empresas (Elgorriaga, Nutrexpa, Antibióticos y Grupo Lince) que, en una u otra medida, han experimentado dificultades en el presente escenario de crisis y a las que el Gobierno autonómico, tal y como ha defendido, ha tratado de ayudar "buscando siempre una solución industrial de continuidad compatible con soluciones sociales favorables a los trabajadores cuando éstas han sido necesarias".

En su intervención, Villanueva ha destacado se trata de casos que, en su mayoría, se han encauzado por vías de solución y que constituyen "excepciones al comportamiento general de la industria en Castilla y León", que durante los últimos doce meses ha liderado las cifras de crecimiento industrial en España, siendo en 2014 la comunidad autónoma donde más aumentó el IPI, un 6,7% de media, 5,3 puntos más que la media nacional.

En cuanto al caso de la compra de la cadena El Árbol por el Grupo DIA, el representante de la Junta ha incidido en que se trata de una "operación entre privados que afronta desde el máximo respeto al mercado, aunque ha mantenido una actitud permanente de alerta y seguimiento de la operación", bajo la convicción de que se trata de algo "natural" en un sector de la distribución que requiere cada vez más de compañías de gran tamaño para poder competir.

Pero además, Villanueva ha precisado que El Árbol presentaba unos graves problemas de gestión, problemas financieros y problemas de tamaño en el mercado, que desembocaron en una situación de pérdidas acumuladas muy importantes, que conducían a la compañía a su disolución, unas pérdidas que en 2013 eran de 60 millones de euros y que, como así trasladó la cadena a la Junta a finales de 2013, la conducían a una situación de disolución.

A la única opción del trasvase de la cadena a un grupo de referencia y solvente en el sector, la Junta, como así ha destacado Villanueva, sumó una "solución de salvamento" en junio de 2014 mediante la concesión de un aval por importe de 10 millones de euros, tras lo cual finalmente la propiedad decidió la venta a DIA por 1 euro, pagando la mitad del préstamo participativo que tenían los socios (26 millones de euros de los 52 millones totales) y asumiendo la totalidad de la deuda que la compañía tenía con entidades financieras y proveedores y que alcanzaba los 99 millones de euros.

Con todo, Villanueva ha reconocido que la venta de El Árbol a DIA se ha traducido, "lamentablemente", en una importante reducción del empleo en las tiendas de la mercantil adquirida, en concreto 121 despidos en Castilla y León. "El Árbol tiene ahora 5.446 empleos fijos, cuando inicialmente estaba abocada a no tener ninguno", ha advertido.

El socialista Julio López reconoció el esfuerzo de la Junta con las empresas en crisis, si bien en el caso de El Árbol reprochó que se hayan dado “bandazos” y “falta de liderazgo” del consejero, que extendió a los otros casos en crisis.

López compartió con el consejero que el cierre de El Árbol habría sido “dramático”, pero evidenció que “ahora la Junta da por buenos los despidos”. El procurador pidió conocer de dónde sale una deuda financiera de 100 millones de euros en un grupo, cuyo capital mayoritario era de las antiguas cajas, y si DIA se abastecerá de productos de Castilla y León. En tal sentido, evidenció que los productos de la marca blanca de El Árbol se han sustituido ya por los de DIA.

Tanto Julio López como José María González (IU) criticaron que el consejero se haya referido a la situación de El Árbol como una empresa privada, pero Villanueva reiteró que se trató de una operación de compraventa por el único grupo que hizo una oferta. El consejero, que afirmó que la relación con DIA es fluida y sólo están a la espera de una reunión con el consejero delegado, pidió que se pregunte por la deuda a sus gestores y aseguró que si El Árbol hubiera entrado en concurso, “se habría cerrado en 24 horas”.

Grupo Lince

Otra de las analizadas, el Centro Especial de Empleo del Grupo Lince Asprona, donde trabaja medio millar de personas con discapacidad y que el pasado mes de julio presentó un ERE suspensivo, de ajuste de jornada, que afectaba a la totalidad de la plantilla pero que fue posteriormente retirado a cambio de una reducción salarial de las retribuciones totales brutas, lo que permitió salvar el empleo.

Al respecto, el consejero ha achacado la situación a la crisis general y al descenso de los fondos estatales dirigidos a los Centros Especiales de Empleo y que han sido complementado por la Junta, de la que asegura que "ha sido reconocida por el sector como una de las mejores pagadoras de subvenciones a CEE, como demostraría el hecho de que el pasado mes de diciembre la Administración regional ha sido invitada a la II Conferencia nacional de Feacem como un modelo de buenas prácticas en políticas de integración laboral de personas con discapacidad".

Antibióticos

En cuanto al supuesto abandono por parte de la Junta de la factoría leonesa de Antibióticos y sus casi 300 empleados, como denuncia el PSCyL, el titular económico ha recordado que la empresa está en funcionamiento y ha recuperado una parte importante de su plantilla, como él mismo pudo ver la semana pasada en sus instalaciones, después de que el juez de lo mercantil autorizara su venta en liquidación a la empresa Black Toro Capital.

Ésta comprometido una inversión de 40 millones de euros en el proyecto industrial y un empleo inicial de 170 trabajadores, estimando llegar a los 250 trabajadores en los dos años siguientes a la adquisición, de ahí que el mes de febrero de 2015, ha recordado Villanueva, la Junta levantara las medidas cautelares de suspensión de actividad que pesaban sobre la planta por cuestiones de seguridad industrial, una vez comprobado por parte del Servicio Territorial de Industria de León el estado correcto de las instalaciones.

Por ello, el consejero ha defendido la actuación de la Junta, centrada en la búsqueda de inversores, con la toma de decisiones sobre la aludida seguridad industrial de la planta por la situación de abandono en que se encontraba y a través de una línea especial de ayudas a los empleados y de apoyo a su actividad.

Finalmente, y en cuanto a la supuesta ilegalidad del expediente de regulación de empleo Nutrexpa, en Palencia, el consejero ha asegurado que el procedimiento seguido para el despido colectivo llevado "cumplió las previsiones legales y reglamentarias vigentes al respecto de la materia", a lo que ha añadido que ninguno de los interesados ha iniciado proceso alguno en relación a este expediente. 

Elgorriaga

Tras un proceso de concurso, Villanueva explicó que se ha presentado una oferta firme para Elorriaga que cumple con los requisitos de asunción de la deuda, mantenimiento de la plantilla y mejorar la competitividad. Ahora, afirmó que la Junta trasladará la oferta a la administración concursal y defendió que la planta es viable, dado que factura 9,5 millones. “Hay dos ofertas, una presentada”, precisó.

El consejero calificó de “desafortunada, por emplear un término suave”, la gestión del grupo de origen vasco Urbasa Global Brands, cuyo proyecto se aprobó por la Junta y el Gobierno con la concesión de cuatro millones de euros reembolsables -dos por el Ejecutivo regional y 2,4 del BEI-, que luego se bloquearon “ante las sospechas de desvío de fondos a otras empresas del grupo”.

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