'operación púnica'
El PP ordena paralizar el pliego de San Isidro tras la detención de Marcos Martínez
El partido ordena a sus diputados que paralicen la tramitación del pliego de contratación por la fusión de las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno y de todos los que puedan existir
La dirección del Partido Popular acaba de ordenar la paralización de la tramitación del pliego de contratación para la fusión de la estación de esquí de San Isidro y la asturiana de Fuentes de Invierno, que había sido supuestamente modificado por la trama de corrupción destapada por la Operación Púnica, que tiene en prisión al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.
Nada más tener conocimiento de que dos diputados, el vicepresidente y presidente en funciones, Lupicinio Rodrigo, y el diputado de Turismo, Miguel Ángel del Egido, habían lanzado el contrato supuestamente alterado el pasado viernes –al día siguiente de ser encarcelado Marcos Martínez, tal y como adelantó en exclusiva EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN–, la dirección autonómica del PP dio orden al secretario provincial y presidente del PP de León, Eduardo Fernández, de trasladar «de inmediato» a los diputados provinciales el mandato de frenar el contrato lanzado de San Isidro.
Además, también ordenó parar todos los posibles contratos o negociaciones abiertas que pudieran existir en la institución provincial con las empresas de la supuesta trama de corrupción que, en el caso de León –como también adelantó este periódico– tienen que ver con las empresas del valenciano Alejandro de Pedro Llorca, uno de los conseguidores para quien el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como hiciera el jueves con Martínez Barazón, también decretó prisión incondicional, comunicada y sin fianza.
Esta orden de frenar todo vínculo contractual con las empresas de la trama Púnica ya fue trasladada por parte de Eduardo Fernández en la reunión con los diputados, siempre según las fuentes consultadas por este periódico, actuación que sigue los pasos marcados por el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el miércoles pasado, en su comparecencia ante los medios, un día antes de que se supiera el encarcelamiento «incondicional y sin fianza» del todavía presidente de la Diputación.
Herrera marcó el camino de una forma clara, precisa y contundente. Y eso es lo que exige la dirección autonómica que se haga: que se investiguen todos los contratos de la institución para saber si existe alguno con las empresas de la trama y, si es así, paralizar «de inmediato» aquellos que estén en marcha, ya sea en tramitación o ejecutándose. Así sucede con el pliego de San Isidro que, ahora se sabe, se tramitó al día siguiente del encarcelamiento de Marcos Martínez, y en el que también pesa la declaración de ilegalidad, emitida por el servicio de contratación de la Diputación, sobre uno de los cambios hechos por las empresas de la supuesta trama.
Es más, la orden del partido va más allá. Exige que se saquen a la luz los pagos, y se frenen los futuros, que se hayan podido realizar a las empresas implicadas en la trama desvelada en la Operación Púnica.
Una orden que llega después de saberse, como adelantó este periódico, que la Diputación realizaba pagos regulares de hasta 3.000 euros a las empresas de Alejandro de Pedro Llorca. Asuntos, pagos y tramitación del pliego de San Isidro y Fuentes de Invierno, que fueron desvelados en la reunión que mantuvo Eduardo Fernández con los catorce diputados de la institución provincial, el viernes pasado.
Lo que no se entiende desde la dirección del PP, tanto en León como en la autonómica de Valladolid, es cómo esta investigación que ordenó el miércoles el presidente Juan Vicente Herrera no se ha hecho ya en la Diputación de León.